El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) aseguró que la pobreza en Argentina alcanzó el 44,7% en el tercer trimestre del 2023, con una indigencia que rozó los dos dígitos: el 9,6%.
Asimismo, la calidad de empleo cayó a los niveles más bajos de la serie que el ODSA mide desde 2004, con un 33,1% de la población económicamente activa mayor de 18 años en condición de desempleo (8,8%) o de subempleo inestable (24,3%).
Las cifras de la nueva medición reflejan un importante crecimiento de los índices respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la pobreza llegó al 43,1% y la indigencia al 8,1%. A su vez, vuelve a romper la marca de su antecesora como el dato más alto desde 2006, cuando la cifra que mide ‘la escasez o carencia de lo necesario para vivir’, tal como indica su descripción en el diccionario, estuvo ubicada en el 41,2%.
De esta manera, la población que no logra cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que compone no solo alimentos sino también bienes y servicios, es de 18,7 millones de personas, casi uno de cada dos argentinos. Respecto a quiénes ni siquiera pueden acceder al conjunto de alimentos y bebidas para satisfacer los requerimientos nutricionales básicos, el número llega a 4 millones de personas, con una suba del 1,5% en 12 meses.
De esta manera, entre pobres e indigentes, se puede vislumbrar que el país unas 22 millones de personas se encuentran en alguno de estos espectros socioeconómicos y poseen, por lo menos, algún tipo de carencia.
En el caso de los niños y adolescentes, el número de pobreza se amplía al 62%: 6 de cada 10 chicos y chicas de la Argentina se ven afectados por este flagelo.
Y de cara al 2024, Agustín Salvia, director del Observatorio, indicó «se abre un escenario en el que la pobreza va a seguir aumentando, no de manera explosiva, sino en niveles similares al crecimiento que tuvo en los últimos dos años», en un contexto que, tal y como anticipó el referente de La Libertad Avanza, coexistirán «una dinámica de alta inflación con el estancamiento económico», denominada ‘estanflación’.
A diferencia del índice del INDEC, que mide la pobreza por ingresos, el relevamiento de la institución privada comprende seis dimensiones: alimentación y salud, vivienda digna, acceso educativos, acceso a servicios básicos, acceso a un medio ambiente saludable y empleo y seguridad social.
