El jueves 10, en el revés, probablemente más duro hasta ahora del gobierno, sobre todo porque en esta oportunidad quedó evidenciado el distanciamiento, entre los gobernadores y el gobierno nacional, ya no solamente los opositores sino también de los aliados, los senadores convirtieron en Ley en Aumento en las Jubilaciones, la distribución de los ATN y una porción del Impuesto a los Combustibles y la Emergencia en Discapacidad
El aumento del 7,2% a jubilados y la moratoria previsional, se aprobó con el oficialismo ausentándose y cuestionando la validez de la sesión, logrando la oposición reunir los votos suficientes. Cabe mencionar que la extensión por 2 años de la moratoria previsional permitiría que unas 220 mil personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no cumplen con los 30 años de aportes requeridos puedan regularizar su situación y acceder a un haber previsional. El mecanismo había perdido vigencia el 23 de marzo de 2025 durante la gestión de Milei, que optó por no extenderlo.
Mientras que aprobaron la emergencia en discapacidad por unanimidad, es decir no hubo votos en contra ni abstenciones. La iniciativa propone regularizar pagos y actualizar aranceles para prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
El proyecto que termina desnudando el conflicto entre el presidente y los gobernadores, se refiere a recursos que obligan al Poder Ejecutivo a repartir con las provincias, que según estas el Ejecutivo los viene reteniendo, que son Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de varios fondos fiduciarios y de una porción importante del impuesto a los Combustibles.
Se trata de una masa de fondos que la totalidad de los 23 gobernadores más el jefe de Gobierno porteño se pusieron de acuerdo en exigir su distribución a la administración de Javier Milei, al que acusan de sustentar la política de equilibrio fiscal reteniendo de manera indebida recursos que las provincias consideran que les corresponden.
Las iniciativas fueron votadas sobre tablas, ya que no tenían dictamen de comisión, y ambas fueron aprobadas por 56 votos a favor y el solitario rechazo de Luis Juez (Pro-Córdoba), a quien desde el gobierno provincial lo tratan de “traidor a los cordobeses”. El primero que posteó al respecto fue el ministro de Gobierno Manuel Calvo, quien dicho sea de paso es uno de los nombres que suena fuerte para encabezar las listas a Diputados Nacionales en octubre.
Lo concreto es que los gobernadores, que ya venían reuniéndose en varias ocasiones desde hace algunos meses, y en dichas reuniones estaban desde Rogelio Frigerio del Pro puro, del radicalismo como Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba, hasta Axel Kicillof del peronismo kirchnerista. Bueno, finalmente junto a sus colegas de las demás provincias decidieron cerrar filas y darle un duro revés al presidente Milei, quien ya adelantó el veto.
De cualquier manera ante la situación planteada, la Casa Rosada enfrenta un dilema jurídico, porque si ejerce el veto, acepta la validez de la sesión que ahora cuestiona ante la justicia. Sin embargo, si judicializa primero, no llegará a una resolución antes de los 10 días hábiles que el Poder Ejecutivo tiene para promulgar o rechazar una ley. Es decir que, si no actúa durante ese plazo, las normas entran en vigencia automáticamente.
Quién tiene razón en esta puja, hay cosas ciertas en ambas partes, tanto desde el Ejecutivo tratando de cuidar el déficit fiscal, pero también de los gobernadores que evidentemente expresan con estas acciones, un ninguneo por parte del Ejecutivo a no devolverles recursos que son de las provincias. En términos políticos, sin dudas que es el peor momento de Javier Milei como Presidente, a lo que se suman otros indicadores económicos que no mejoran.
