Expresidente queda firme en la investigación por direccionamiento de contrataciones a través de María Cantero y Héctor Martínez Sosa
La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros, por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico (Sala I) ratificaron la decisión del juez Julián Ercolini y consideraron suficientemente probada la hipótesis de un “direccionamiento delictivo” en la contratación de seguros para el Estado a través de Nación Seguros y brokers privados.
En su resolución, los camaristas destacaron que “el factor característico y neurálgico” de la maniobra fue “el ejercicio de influencia por parte del entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero”. Según el fallo, Cantero y su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa, actuaron como puente para que empresas y organismos públicos contrataran pólizas con sobreprecios y comisiones millonarias, en beneficio del círculo cercano al exmandatario.
La Cámara también confirmó los procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país para Héctor Martínez Sosa, María Cantero y otros funcionarios y brokers involucrados.
Entre ellos figuran exdirectivos de Nación Seguros y productores de seguros que, según la investigación, recibieron comisiones de hasta el 17% por operaciones que debían ser gratuitas o a costo mínimo para el Estado.
Los jueces subrayaron que “funcionarios de Nación Seguros (del directorio y de las gerencias comerciales y financieras vinculadas a las relaciones con el Sector Público) y, en ciertos supuestos, de los entes implicados” tuvieron “intervención directa”, junto con “la connivencia de los particulares que ejercían como productores de seguros bajo la organización de Martínez Sosa”.
El caso comenzó con la denuncia del actual gobierno por el Decreto 823/2021 que obligaba a toda la administración pública a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros, generando un negocio estimado en más de 20.000 millones de pesos anuales en comisiones y sobreprecios. La investigación detectó que varias pólizas se canalizaron hacia Martínez Sosa, amigo personal de Alberto Fernández y esposo de su histórica secretaria.
Con esta confirmación, el expresidente queda procesado sin prisión preventiva pero con embargo sobre sus bienes y prohibición de salir del país. La causa avanza ahora hacia la etapa de instrucción suplementaria y eventual juicio oral.
En síntesis, la Cámara Federal ratificó la existencia de una estructura organizada desde el entorno presidencial para direccionar contrataciones de seguros del Estado en beneficio privado, colocando a Alberto Fernández en el centro de la acusación.
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