La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una investigación para determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei utilizaron recursos del Estado argentino para facilitar el ingreso, la permanencia y la posterior salida hacia Estados Unidos del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro.
La causa, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, se originó a partir de denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón. La principal hipótesis apunta al uso irregular de vehículos oficiales, personal, viáticos y otros bienes públicos. Entre los posibles delitos evaluados se encuentran peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El foco judicial está puesto en reconstruir si existió una coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo y si se dictaron instrucciones políticas para omitir deliberadamente los controles migratorios. El caso cobra relevancia debido a que el hijo del expresidente brasileño afronta restricciones judiciales para salir de su país en el marco de causas por presunto lavado de activos y corrupción.
Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina por el paso fronterizo de Puerto Iguazú junto a su familia y, pocas horas después, abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly con destino a territorio estadounidense.
Ante esta situación, la Justicia ya ordenó preservar las filmaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de las áreas de Migraciones y Aduana grabadas entre el 27 y el 28 de octubre. Asimismo, se requirieron informes a la Dirección Nacional de Migraciones, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad para verificar si existían alertas previas o pedidos de cooperación judicial emitidos por las autoridades de Brasil.
