Las investigaciones judiciales que rodean a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, atraviesan un periodo de estancamiento marcado por estrategias legales para frenar pruebas clave provenientes de Estados Unidos. Mientras la mayoría de los expedientes han entrado en una «meseta», solo la causa por evasión que tramita el juez Diego Amarante mantiene un ritmo sostenido.
La batalla por las pruebas de EE.UU.
El foco de conflicto actual radica en los discovery obtenidos en Estados Unidos, que revelan más de 3.000 páginas de transferencias sospechosas vinculadas al empresario Javier Faroni. Se estima un desvío superior a los US$57 millones a través de diez empresas fantasma. Para bloquear esta información, la defensa ha solicitado una «protective order» ante jueces estadounidenses, argumentando que las pruebas fueron obtenidas para una causa comercial y no deberían usarse en el fuero penal argentino.
Concentración de causas y el rol de Mahiques
Paralelamente, se ha denunciado una maniobra para concentrar los expedientes más sensibles en el juzgado federal de Campana, a cargo de Alejandro González Charvay. Este movimiento coincidió con el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia, cuya cercanía con la dirigencia de la AFA ha despertado suspicacias entre los investigadores.
Definiciones inminentes
La Cámara de Casación tiene ahora la responsabilidad de decidir si las causas permanecen en Campana o regresan a los fueros donde se iniciaron. Mientras tanto, la Procelac sugiere avanzar con nuevos pedidos de colaboración internacional para validar legalmente el uso de la documentación financiera. El escenario es de «todo o nada», con la dirigencia apostando al desgaste de los tiempos procesales mientras el frente externo genera pánico ante posibles nuevas filtraciones.
