Análisis del Lic. Carlos Seggiaro: «Más ajuste en salud, educación y Vialidad Nacional»

El  Lic. en Economía Carlos Seggiaro, analizó el nuevo ajuste del gobierno. Este ajuste surge en un contexto de caída consecutiva de la recaudación impositiva durante nueve meses, reflejo de una marcada debilidad en la actividad económica del país, evidenciada por la disminución de la recaudación del IVA.

La política actual prioriza la reducción de la inflación, incluso a costa de la competitividad económica y la reactivación, lo que aleja las posibilidades de crecimiento a corto plazo.

Los recortes se aplican en salud, que asciende a 63 mil millones de pesos, con consecuencias negativas para jubilados que dependen de PAMI y para el acceso a medicamentos. Recortes muy fuertes en diversos niveles, en un momento de movilización de las universidades nacionales por su presupuesto.  Recortes significativos que afectan a Vialidad Nacional para el mantenimiento de  rutas nacionales y proyectos clave, como la largamente postergada autovía de la Ruta 19 y la paralización de trabajos en la Ruta 158.

CONINAGRO y la Sociedad Rural han solicitado la suspensión transitoria de las retenciones a las exportaciones de trigo, argumentando que el aumento de los costos de combustibles y urea eleva los costos de producción en un 20%. Sin embargo, el gobierno no muestra margen fiscal para aliviar la presión  impositiva.

El reclamo de las Universidades

A principios de 2024, el gobierno aplicó un ajuste del casi 50% al presupuesto universitario, afectando salarios docentes y no  docentes, y el funcionamiento general de las instituciones. El Congreso Nacional aprobó una ley para recomponer el financiamiento universitario a los niveles de 2023.  El presidente vetó la ley, pero el Congreso  logró los dos tercios necesarios para anular el veto, dejando la ley firme. A  pesar de esto, el gobierno ha declarado públicamente que no la cumplirá, incumpliendo además fallos judiciales que exigen su acatamiento.

Esto genera un grave daño a la institucionalidad y a la seguridad jurídica del país. Esto envía una señal negativa a potenciales inversores internacionales, socavando la confianza en la calidad institucional de Argentina.

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