En un movimiento clave para el rediseño del sector energético nacional, el Poder Ejecutivo oficializó la privatización de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país. La operación se concretó por un total de US$356.174.811,78, cifra que superó ampliamente el precio base de US$206 millones fijado inicialmente para la licitación.
A través de la Resolución 673, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno adjudicó la totalidad de las acciones de Citelec —empresa controlante de Transener— al consorcio integrado por Genneia y el grupo Edison. Con esta transferencia, el Estado se desprende de la gestión de una infraestructura estratégica que comprende más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión que integran el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Desde el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, destacaron que este paso marca el retiro definitivo del Estado de un rol empresario que «nunca debería haber cumplido». La venta no es un hecho aislado, sino que forma parte del plan oficial iniciado en 2024 para dividir y vender por partes a Enarsa, tras su inclusión como entidad privatizable en la Ley Bases. La reducción de la presencia estatal en el sector ha sido drástica:A fines de 2024, Enarsa controlaba 10 unidades de negocios.
En la actualidad, solo mantiene participación en cuatro áreas. Entre los activos que aún permanecen bajo órbita pública se encuentran las centrales termoeléctricas San Martín y Manuel Belgrano, la unidad Enarsa Patagonia y participaciones en parques eólicos. No obstante, el cronograma de desinversión continúa firme; tras la privatización de las represas del Comahue en 2025, el Gobierno ya tiene bajo la mira nuevas concesiones hidroeléctricas en provincias como Mendoza, Salta y Chubut.
