El gobierno de Donald Trump se prepara para llevar a cabo la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos, una medida que podría afectar a cerca de 200.000 extranjeros. La disposición, coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se anunciará en las próximas semanas y cancelará las visas de negocios y turismo (B1 y B2) emitidas entre 2016 y 2026 a personas que hayan solicitado o estén tramitando asilo.
Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, señaló que la medida busca frenar a quienes ingresan con visados de corta duración para luego buscar la residencia permanente vía asilo. Por su parte, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó en redes sociales como «fraudulentas» muchas de estas solicitudes y afirmó que el asilo no debe ser una laguna para eludir las leyes migratorias.
Fuentes oficiales aclararon que la revocación no implicará deportaciones inmediatas. Quienes tengan procesos de asilo pendientes serán reclasificados, pero perderán su estatus de viajeros. La iniciativa, que se suma a la exigencia de historial en redes sociales o fianzas, se espera que enfrente impugnaciones legales.
Paralelamente, la administración reanudó su ofensiva contra los permisos de trabajo proponiendo una tasa regulatoria de 103.265 dólares para empresas que contraten profesionales extranjeros mediante visas H-1B. Esta medida retoma un intento similar de septiembre de 2025 que fijaba el cobro en 100.000 dólares, el cual fue bloqueado temporalmente por un juez federal tras demandas de varios estados. El DHS justifica este nuevo cargo como un mecanismo de ingresos para cubrir los costos del sistema migratorio legal.
