Comienza en Córdoba el proceso de enjuiciamiento a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por presunto mal desempeño en la investigación del crimen de Nora Dalmasso
Este martes 21 de abril de 2026 inició en la Legislatura de la provincia de Córdoba el jury de enjuiciamiento contra tres fiscales que intervinieron en la causa por el crimen de Nora Dalmasso. Los funcionarios Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro enfrentan acusaciones de negligencia grave y mal desempeño en una de las investigaciones más complejas y mediáticas de los últimos veinte años en Argentina.
El proceso, impulsado por la fiscal general adjunta Bettina Croppi, es inédito en la provincia porque juzga de manera conjunta a tres fiscales por su actuación en la misma causa. El jurado está presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) e integrado por Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico) por el Poder Legislativo, y por la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti en representación del Poder Judicial.
El crimen de Nora Dalmasso ocurrió el 25 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf de Río Cuarto. La víctima fue encontrada sin vida en su dormitorio, con signos de haber sido estrangulada con el cinto de su bata. A lo largo de casi dos décadas, la pesquisa tuvo múltiples cambios de rumbo, imputaciones que no prosperaron y varias absoluciones.
Javier Di Santo fue uno de los primeros fiscales en intervenir. Imputó en su momento al hijo de la víctima, Facundo Macarrón, y al pintor Gastón Zárate, aunque ambos fueron sobreseídos posteriormente. En 2015 fue apartado de la causa.
Daniel Miralles tomó la investigación entre 2016 y 2017 y acusó al viudo Marcelo Macarrón de homicidio calificado por el vínculo, sosteniendo que el médico había viajado desde Punta del Este para cometer el hecho. Esa hipótesis tampoco avanzó.
Luis Pizarro, por su parte, mantuvo la línea de que Marcelo Macarrón habría instigado el asesinato de su esposa. Esto derivó en un juicio oral en 2022, donde el viudo resultó absuelto.
En 2024, el fiscal Pablo Jávega identificó como principal sospechoso a Roberto Barzola, un parquetista, tras hallar un perfil de ADN compatible en el cinto de la bata y en material genético de la víctima. Según la acusación del jury, esa evidencia existía desde el inicio de la investigación pero no fue debidamente explorada por los fiscales anteriores, lo que habría desviado la pesquisa durante años hacia pistas equivocadas.
A casi veinte años del hecho, la causa se encuentra prescripta para una eventual condena penal, aunque se mantiene abierta en busca de la verdad. Barzola fue sobreseído, pero la familia Macarrón reclama respuestas y exige responsabilidades por las omisiones cometidas.
El jury contará con alrededor de 37 testigos. Se esperan declaraciones clave de Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina, quienes han manifestado duras críticas al accionar de los fiscales y reclaman su destitución.
El tribunal deberá determinar si los tres funcionarios incurrieron en mal desempeño funcional y negligencia grave. De confirmarse las acusaciones, podrían ser destituidos de sus cargos. El proceso se extenderá al menos hasta fines de mayo de 2026.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la actuación de la Justicia en uno de los homicidios más emblemáticos de Córdoba y del país, donde la búsqueda de verdad sigue pendiente dos décadas después.
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