El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, una normativa que endurece de manera drástica las políticas migratorias del país. La medida establece como nueva causal de inadmisión y expulsión del territorio nacional a cualquier ciudadano extranjero que dirija o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino debido a su nacionalidad, así como a quienes atenten o cometan actos de ultraje contra los símbolos patrios.
La decisión gubernamental surge como respuesta a una creciente “campaña antiargentina” desencadenada tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial de fútbol. Según manifestaron fuentes oficiales, las hostilidades superaron el terreno deportivo para escalar al plano de la política internacional, lo que llevó al Ejecutivo a intervenir en defensa de la identidad y la seguridad nacional.
“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, aseveró el presidente Javier Milei a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente.
Principales alcances de la normativa
Publicada formalmente en el Boletín Oficial de la República Argentina, la disposición abarca tanto las expresiones de incitación pública como las manifestaciones directas de agravio. Entre los puntos centrales se destacan:
Filtro fronterizo: Prohibición de ingreso a personas no ciudadanas que hayan emitido o promovido agresiones verbales o escritas por motivos de nacionalidad.
Revocación de residencia: Mecanismos inmediatos de deportación para residentes extranjeros que incurran en discursos de odio o agresiones a los símbolos nacionales.
Principio innegociable: El Gobierno enfatizó que la protección de los ciudadanos y los valores patrios constituye una prioridad estatal absoluta.
Con la entrada en vigencia del DNU 681/2026, la Casa Rosada ratifica una postura firme frente a la agresión externa, delimitando las condiciones de permanencia en el país bajo el principio de respeto irrestricto a la soberanía nacional.
Con el objetivo central de revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner presentó tres solicitudes de medidas cautelares ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La estrategia jurídica, encabezada por los abogados internacionales Javier Borrego —exjuez del Tribunal Europeo de […]
