Cristina Kirchner recurre a la ONU para frenar su inhabilitación perpetua

Con el objetivo central de revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner presentó tres solicitudes de medidas cautelares ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La estrategia jurídica, encabezada por los abogados internacionales Javier Borrego —exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— y el brasileño Rafael Valim, busca suspender la sanción dictada en la causa Vialidad y sentar las bases para una eventual candidatura en las PASO 2027. 

La defensa sostiene que la inhabilitación perpetua es inconstitucional y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Según Valim, el orden constitucional argentino reconoce la primacía de los tratados internacionales, por lo que una resolución del organismo de la ONU resultaría de cumplimiento obligatorio para el Estado nacional. 

Además de objetar la condena de fondo, las cautelares solicitan equiparar las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta —denunciando restricciones severas e injustificadas en el régimen de visitas y custodia— y exhortar al Estado a normalizar la integración de la Corte Suprema de Justicia, cuya composición actual de tres miembros consideran insuficiente para garantizar un tribunal superior imparcial. 

En el recurso presentado en Ginebra, los letrados señalaron graves irregularidades procesales, cuestionando la falta de imparcialidad de jueces y fiscales vinculados al expresidente Mauricio Macri (como Andrés Basso, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, entre otros).

Asimismo, denunciaron el uso discriminatorio del decreto 54/2009 —firmado también por el jefe de Gabinete y ministros que no fueron juzgados y la falta de peritajes exhaustivos sobre las obras investigadas.

Aunque el Comité de la ONU atraviesa restricciones operativas, se prevé que el caso pueda ser evaluado durante sus sesiones de octubre. En el entorno de la exmandataria confían en que la acción no solo exponga las arbitrariedades judiciales a nivel internacional, sino que reactive su vigencia en el escenario político.

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