La funcionaria estaría acusada por falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción, entre otros delitos.
Imputaron a la fiscal Juliana Companys, a cargo del Segundo Turno de Villa María. Por el momento, al no haber sido indagada, no hay acceso al expediente. Sin embargo, la funcionaria judicial estaría acusada por falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción, entre otros delitos vinculados con el amedrentamiento de testigos. De hecho, desde el lunes de esta semana una persona ya cuenta con custodia policial.
Companys fue denunciada en la ciudad y en la Fiscalía General por cometer diferentes irregularidades. Esas denuncias, al no poder ser investigadas por pares para garantizar imparcialidad, recayeron en la Justicia de Río Segundo, que avanzó con las investigaciones. Primero, la fiscal Patricia Baulies entendió que se podía iniciar una investigación jursidiccional y se lo pidió a la jueza de Control de esa ciudad, María Licia Tulián. Entonces, avanzaron.
Una denuncia que recibió la fiscal fue formulada por una testigo que dijo haber sido “apretada” por Companys para declarar en la causa que investigaba la desaparición de Mariela Bessonart, sucedida en 2005 en la ciudad. A otra de las denuncias la presentó Alicia Peresutti, ex auditora general de Villa María, quien fue detenida —junto a otras dos personas— en septiembre de 2023 por supuestas irregularidades vinculadas al manejo de las organizaciones “Vínculos”, que asistía a víctimas de trata, “Mamá Antula”, que protegía a niños judicializados, y “Nazareth”, que recuperaba a personas con problemas de consumo de droga.
La acusaron de delitos como fraude a la administración pública, peculado, falsificación de instrumento privado y asociación ilícita, y Peresutti pasó cinco días en la cárcel de Bouwer, a diferencia de las otras imputadas que estuvieron en la alcaidía de Villa María, hasta que la jueza de Control Soledad Dottori ordenó su libertad. Mientras, en el penal, ella estuvo varias horas sin poder llamar por teléfono a un abogado o familiar.
Peresutti también asegura que Companys mintió para poder mantenerla detenida argumentando que la ex auditora no tenía arraigo en Córdoba, cuando hacía unos treinta años que tenía domicilio en Villa María.
En los últimos días, la jueza de Control de Río Segundo, Tulián, aceptó como querellante particular a Peresutti —que es asesorada por el abogado Dionisio Centeno— y podrá aportar pruebas que permitan determinar la culpabilidad, o no, de Companys.
Por otra parte, Peresutti insistió y hace algunas semanas solicitó el jury de enjuiciamiento para Companys, también con el asesoramiento de Centeno, a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Córdoba. En ese documento, se cuestiona aún más a la fiscal y se menciona que hacía colocar un arma en la mesa donde declaraban los testigos o que hacía tintinear el metal de las esposas para amedrentarlos. Se menciona el caso de Rodrigo Santi, un exbombero de La Playosa, que confesó delitos de abuso sexual simple, tenencia de pornografía infantil y abuso sexual con acceso carnal a menores, al que la fiscal le otorgó prisión domiciliaria sin consigna judicial ni tobillera electrónica. Se menciona, incluso, un video —que tomó estado público— donde empleados de la fiscal van enmascarados a procedimientos.
La fiscal acumula llamados de atención del Tribunal de Ética Judicial y, pronto, podría ser notificada e imputada en más causas.
Fuente Depasodigital
