El lunes 26 se realizó una nueva marcha en La Playosa, donde vecinos reclamaron justicia por haberle dado prisión domiciliaria a Rodrigo Santi, quien confesó hechos de abuso contra menores en el marco de su desempeño como bombero voluntario de esa localidad, y anunciaron una nueva manifestación el lunes 2 de febrero a las 20,00.
Según expresó la madre de una de las víctimas, Emilse Sales, ese lunes no será un día más, ya que la jueza de control María Soledad Dottori revisará dos propuestas: La de la fiscal Juliana Company:un acuerdo abreviado inicial de ocho años de prisión con la condición de prisión domiciliaria para Rodrigo Santi. Y la del abogado de la querella, Dr. José Tomás Corigliano: la oposición formal a esta situación en nombre de la víctima.
Destacó repetidamente que la prisión domiciliaria no es justicia. Argumenta que su familia y las víctimas viven más «presas» que el perpetrador: su casa tiene rondas policiales cada dos horas por el miedo que sufre su hijo. El perpetrador no necesita un botón antipánico y su tobillera electrónica llegó 15 días tarde, causando un daño psicológico adicional a las víctimas.
Advirtió que aceptar esta propuesta sentaría un precedente negativo, lo que llevaría a una «avalancha» de casos en los que los reclusos buscarían prisión domiciliaria argumentando depresión o melancolía, condiciones inherentes a la privación de libertad y que pueden ser tratadas de otras maneras.
Subrayó que las víctimas están en una situación peor, enfrentando años de tratamiento psicológico y viviendo con una «condena en sí mismas», obligadas a presentarse ante profesionales continuamente para poder continuar con sus vidas. Llamó a que «revea la situación» y dé marcha atrás con esta propuesta, que considera una «aberración jurídica» y sin sentido.
