Editorial: Juicios que pagamos entre todos

La reciente resolución en segunda instancia de la justicia fallando a favor del Abogado Rafael Anit, quien había sido contratado por el Consejo de Administración de la Lista Amarilla, en 2016, con cláusulas “inmorales”, ya que era de cuatro años, con un monto mensual de honorarios muy importante, y en caso de rescisión se debía abonar también una suma de relevancia para la entidad, pone de manifiesto una vez más que la anterior administración cooperativa tuvo un mal desempeño tomando este tipo de decisiones. Esto al margen de la causa penal contra varios de sus integrantes acusados de administración fraudulenta, que aparentemente avanza lentamente pero aún no hay fallos al respecto.
Si bien es cierto que fue una mala determinación del anterior Consejo suscribir semejante contrato, lo que no ocurrió nunca antes en la institución, también es cierto que la actual conducción al rescindirlo y persistir, a pesar de haber tenido un primer fallo adverso, terminó causando un perjuicio económico a la Cooperativa que deberá pagar más de veinte millones de pesos, entre la indemnización y los honorarios de los abogados intervinientes de ambas partes, es decir, dinero que finalmente sale de todos los asociados, que son quienes mensualmente hacen un enorme esfuerzo por pagar los servicios, algunos imprescindibles para el funcionamiento de una vivienda como la energía eléctrica.
Sin contar que, si se observa con detenimiento la Memoria y Balance de la entidad, son muchos y preocupantes la cantidad de juicios en contra de la entidad, que en algún momento también tendrán su resolución y en algunos casos seguramente habrá que pagar, y quizás no es un argumento válido eso de que “total la entidad hace previsiones por las dudas”, porque en todo caso las previsiones o poder tener algún respaldo económico en lugar de ir a pagar juicios, podría ir a mejorar servicios o tal vez otorgar algún beneficio para aliviar el bolsillo de los asociados.
Posiblemente en este juicio, en la cuestión de fondo, los letrados de la Cooperativa tienen razón, porque ser presidente o miembro de un Consejo de Administración no puede otorgar tanto “poder” para perjudicar a la institución que representan y deben defender y cuidar en todos sus aspectos, por eso la palabra “inmoral” se ajusta a esta situación. Pero la realidad es que la justicia en dos fallos, entendió que la razón le asiste a quien le rescindieron el contrato, que había sido legalmente firmado y celebrado. (Capítulo aparte sería opinar sobre el accionar de la justicia en general).

Comparte
Next Post

Fernando Bossi: "Trabajamos en mejorar la atención en cuanto a reclamos telefónicos"

El presidente dela Cooperativa de Energía Eléctrica, Fernando Bossi, quien asumió el cargo recientemente, indicó que una de las primeras medidas a solucionar en la institución apunta a mejorar la atención en cuanto a reclamos telefónicos, no así los que se hacen de manera personal que tienen respuesta rápidamente. En […]