La Cámara de Apelaciones de San Francisco ratificó un segundo fallo a favor de la familia Panero contra la Municipalidad de Las Varillas, confirmando la responsabilidad del municipio por un incendio originado en su planta de reciclaje y elevando el monto de la indemnización a más de 90 millones de pesos.
La causa se inició hace muchos años y una jueza de primera instancia dictaminó a favor de Panero, estableciendo la responsabilidad de la Municipalidad de Las Varillas. El municipio interpuso un recurso de apelación contra el fallo inicial. La Cámara de Apelaciones de San Francisco ratificó «en todos sus términos» la sentencia de primera instancia, rechazando el recurso del municipio.
La sentencia de la Cámara aún no está firme. El municipio tiene un plazo de 15 días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Este recurso requiere requisitos técnicos muy rigurosos, y aunque es probable que se presente, hay una baja probabilidad de que sea admitido dada la coherencia y contundencia de los fallos de primera y segunda instancia.
El municipio cuestionó la determinación de responsabilidad objetiva como «guardián de la cosa». La Cámara confirmó que la actividad de la planta de reciclaje, con acopio de materiales altamente inflamables, constituye una actividad riesgosa por la cual el guardián (el municipio) debe responder. La investigación penal demostró claramente, a través de testimonios de bomberos, un cabo y otros testigos, que el fuego se originó en la planta de reciclaje municipal. La Municipalidad no logró demostrar que tenía un plan de seguridad, un plan de contingencia o planos de bomberos para el lugar.
El monto inicial rondaba los 44 millones de pesos. Con los intereses acumulados y las instancias judiciales, la suma asciende actualmente a aproximadamente 93 millones de pesos. Este monto sigue aumentando diariamente.
La Abogada indicó que siempre estuvieron abiertos a la negociación pero no recibieron ninguna propuesta de la Municipalidad. Con dos sentencias firmes a su favor, la posibilidad de una negociación «razonable» se reduce. Sin embargo, siguen dispuestos a escuchar propuestas del municipio. Agregó que en última instancia, son los contribuyentes quienes sufrirán las «consecuencias gravosas» del pago de la indemnización si la situación no se resuelve.
