Ordenan cámaras de Aeroparque y Tucumán, protocolo de actuación y registro de llamadas del empresario clave en la causa por lavado de activos
El juez federal Daniel Rafecas avanza en la investigación paralela que analiza el extraño episodio ocurrido el 15 de noviembre de 2025 en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro —señalado como operador financiero en la megacausa por presunto lavado de activos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— logró eludir la entrega de su teléfono celular pese a existir orden judicial de secuestro.
Tras el impulso de la fiscal Paloma Ochoa, Rafecas requirió a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) una serie de medidas de prueba:
- Protocolo completo de actuación ante órdenes de secuestro de pertenencias y facultades para demorar personas.
- Imágenes de todas las cámaras de seguridad que registraron el recorrido de Mastropietro tanto en Aeroparque como en el aeropuerto de Tucumán, donde el vuelo privado hizo una escala técnica.
- Listado completo de llamadas entrantes y salientes de la línea telefónica del empresario.
Fuentes judiciales confirmaron que, aunque la PSA y Migraciones lograron demorar al pasajero tras el aterrizaje, Mastropietro alegó que “no encontraba” su celular y finalmente salió del aeropuerto sin que el dispositivo fuera secuestrado. Horas después se comprobó que el teléfono había abandonado la terminal.
Mastropietro, titular de Baires Fly S.A., aparece en el dictamen del fiscal Franco Picardi como persona de extrema confianza de Miguel Ángel Calvete, principal imputado en la causa ANDIS junto al exdirector ejecutivo Diego Spagnuolo.
Según la acusación, Baires Fly facturó a empresas de Calvete millones de pesos por “compra de kilómetros nacionales” en concepto de vuelos privados que nunca se realizaron o que encubrirían transferencias de fondos ilícitos provenientes de sobreprecios en prestaciones y medicamentos para personas con discapacidad.
Días antes del incidente en Aeroparque, el empresario había sido allanado en su domicilio de San Isidro, donde le secuestraron computadoras y documentación. El celular que “desapareció” contenía, según fuentes de la investigación, chats y audios clave para acreditar la maniobra.
El juez Rafecas busca determinar si hubo negligencia, demora intencional o connivencia que facilitó la sustracción del elemento de prueba. La causa paralela se tramita en el Juzgado Federal N° 3 y podría derivar en imputaciones a funcionarios de Migraciones y PSA.
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