LA JUSTICIA LABORAL OTORGA EFECTO SUSPENSIVO A LA APELACIÓN DEL ESTADO Y RESTABLECE LA VIGENCIA DE MÁS DE 80 ARTÍCULOS DE LA REFORMA LABORAL 2026
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó este jueves una resolución que modifica el panorama judicial de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Con voto mayoritario de sus integrantes, el tribunal otorgó efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Estado contra la medida cautelar que había suspendido la aplicación de numerosos artículos de la Ley de Modernización Laboral.
La decisión revoca parcialmente el fallo del 7 de abril de 2026 emitido por el juez Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo número 63, que había hecho lugar a la acción declarativa promovida por la Confederación General del Trabajo y dejado sin efecto más de 80 artículos de la norma sancionada en enero y promulgada en marzo de 2026. De esta manera, la reforma laboral recupera vigencia provisoria mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La Sala VIII de la Cámara, integrada por los magistrados María González y Víctor Pesino, consideró que no se configuraban los requisitos necesarios para mantener la suspensión de una ley aprobada por el Congreso de la Nación. La resolución, de apenas dos páginas, no entra en el análisis de constitucionalidad de fondo, pero permite que el Gobierno aplique los cambios hasta que se dicte sentencia definitiva, eventualidad que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia.
La primera reacción oficial llegó a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien difundió un comunicado breve firmado con la sigla “VLLC” (“Viva la Libertad, Carajo”). Minutos después, la Procuración del Tesoro de la Nación celebró la medida y destacó que se reestableció “la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos en un acto de suma gravedad institucional”.
En el texto, las autoridades recordaron que la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en esta materia es fuertemente cuestionada por el Ejecutivo, que desde el inicio planteó una inhibitoria para que la causa tramitara en el fuero Contencioso Administrativo Federal. “El Gobierno Nacional ha trabajado incansablemente, adoptando todas las medidas legales e institucionales necesarias, para garantizar la implementación de una reforma que atravesó el debido proceso de debate, sanción y promulgación”, señalaron.
La reforma laboral busca modernizar las relaciones de trabajo en Argentina, un sistema que el oficialismo califica de arcaico y que, según sus argumentos, ha contribuido a mantener altos niveles de informalidad laboral durante más de cinco décadas. Entre sus principales modificaciones se encuentran cambios en el régimen indemnizatorio, la jornada laboral, el teletrabajo, las convenciones colectivas y medidas orientadas a fomentar la formalización del empleo.
A pesar del triunfo momentáneo del Gobierno, el camino judicial continúa siendo complejo. La Confederación General del Trabajo ya había obtenido la cautelar que frenaba la aplicación de los artículos cuestionados, y ahora deberá acelerar sus recursos para intentar revertir la situación. Paralelamente, persiste otro expediente relevante: la cautelar conseguida por el sindicato de judiciales que frena el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, medida que por el momento sigue firme.
Expertos consultados coinciden en que, mientras no se resuelva el fondo del asunto, algunos jueces laborales continúan aplicando las normas anteriores en causas individuales, especialmente en cálculos indemnizatorios. Esto genera un escenario de incertidumbre que podría prolongarse varios meses.
El Gobierno, por su parte, solicitó a la Corte Suprema un per saltum para dirimir directamente la cuestión de competencia entre fueros. Sin embargo, los especialistas señalan que el máximo tribunal rara vez hace lugar a este tipo de saltos de instancia, salvo en casos excepcionales como la discusión sobre la Ley de Medios durante el gobierno anterior.
La resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo representa un respiro importante para la administración nacional en su intento de implementar cambios estructurales en el mercado de trabajo. No obstante, la batalla judicial dista de estar concluida. Sindicatos y asociaciones de magistrados ya anticiparon que continuarán presentando recursos para cuestionar tanto el contenido de la reforma laboral como el traspaso del fuero.
En la Casa Rosada interpretan el fallo como un paso clave hacia la modernización laboral y la reducción de la informalidad. Fuentes judiciales consultadas advierten, sin embargo, que los tiempos de la Justicia suelen ser extensos y que la definición definitiva podría demorarse, incluso llegando a instancias supremos como la Corte Suprema.
Este nuevo capítulo en el laberinto judicial de la reforma laboral mantiene en vilo a trabajadores, empresas y gremios. Mientras el Ejecutivo celebra el avance, los sectores opositores preparan sus próximos movimientos para intentar frenar cambios que consideran regresivos en materia de derechos laborales.
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