El Gobierno negocia con rectores y busca aprobarla en marzo
El oficialismo presenta un proyecto que modifica la norma vigente, ofrece recomposición salarial parcial y actualización presupuestaria condicionada, con aval preliminar de las principales casas de estudio pero rechazo de los gremios docentes
Con el impulso obtenido tras la sanción de la reforma laboral, el Gobierno nacional avanza en otro frente político sensible: la aprobación de una nueva ley de financiamiento universitario que permita desactivar el conflicto judicial abierto por el incumplimiento de la norma vigente. El proyecto de ley fue presentado la semana pasada en la Cámara de Diputados y ya cuenta con el respaldo preliminar de rectores de universidades clave, como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata.
Tras el fracaso del intento por derogar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025 —que fue insistida por ambas cámaras pese al veto presidencial—, el Ejecutivo optó por una estrategia de negociación. Durante el último mes, funcionarios mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Fuentes cercanas a varias rectorías confirmaron que, aunque muchos prefieren no expresarlo públicamente, la mayoría ve con buenos ojos el proyecto. “Aunque hoy tenemos un fallo favorable en primera instancia, el Gobierno apeló y no hay certeza de que la Justicia resuelva rápido. Si se aprueba esta ley, el financiamiento de todas las universidades queda garantizado; ahora no lo está”, explicó una alta autoridad universitaria que ya dio su aval.
El proyecto no deroga la norma actual, sino que la modifica en puntos centrales.
En materia salarial, la ley vigente obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida adquisitiva de docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 por efecto de la inflación acumulada. En cambio, la iniciativa oficialista limita la recomposición a la pérdida salarial registrada exclusivamente en 2025. No menciona nada sobre 2024. Esa recomposición se pagaría en tres tramos: incrementos del 4,1 % en marzo, julio y septiembre de 2026, aplicados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.
Además, el proyecto establece que el Ejecutivo deberá convocar paritarias cada tres meses, aunque —a diferencia de la ley vigente— no obliga a actualizar salarios según el índice de inflación. Esta diferencia genera críticas de los gremios universitarios, que ya anunciaron medidas de fuerza en rechazo al texto.
En cuanto al presupuesto de funcionamiento, la norma actual exige recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en diversos programas, incluyendo hospitales universitarios y ciencia y técnica. El proyecto oficialista omite cualquier mención a 2024 y 2025, y para 2026 condiciona la actualización a que la inflación anual supere el 14,5 % previsto en el presupuesto nacional; solo en ese caso se aplicaría el ajuste correspondiente.
Un punto positivo destacado por los rectores es la incorporación de una recomposición adicional de poco más de $80.000 millones destinada específicamente al sistema de salud universitario, aspecto que no está contemplado en la legislación vigente.
En vísperas del inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno busca cerrar un conflicto que ha generado marchas, paros y fallos judiciales en los últimos meses. La movilización estudiantil y docente contra los sucesivos ajustes presupuestarios ha sido una de las resistencias más visibles al plan económico de la administración. Aunque los rectores parecen inclinados a aceptar la propuesta como una salida pragmática ante la incertidumbre judicial, los sindicatos universitarios mantienen una postura dura y anticipan que no avalarán un acuerdo que consideran insuficiente frente a la inflación acumulada y la pérdida salarial sostenida.
El debate en comisiones de Diputados comenzaría en los próximos días, con el objetivo del oficialismo de obtener media sanción antes de fin de marzo. De avanzar, el proyecto requeriría luego tratamiento en el Senado, donde el oficialismo buscará replicar la negociación que le permitió sortear resistencias en la Cámara baja.
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