El Ejecutivo busca que Diputados priorice el Presupuesto 2026 en diciembre y el Senado aborde el nuevo Código Penal y cambios en la Ley de Glaciares
Oposición advierte sobre posibles demoras y reclama receso en enero
El presidente de la Nación, Javier Milei, evalúa la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional desde el 10 de diciembre de 2025 hasta finales de febrero de 2026, modificando el esquema inicial que contemplaba únicamente el mes de diciembre. Aunque la Casa Rosada no ha emitido una confirmación oficial, fuentes del oficialismo indican que esta extensión respondería a la necesidad de mantener activas las negociaciones legislativas sin interrupciones, con el objetivo de avanzar en la aprobación de las reformas propuestas por el Gobierno.
De acuerdo con información recabada, el Ejecutivo aspira a que ambas cámaras legislativas operen de manera continua durante el período estival, prescindiendo de un receso formal. Esta estrategia permitiría sostener el impulso reformista, evitando que las discusiones se diluyan y facilitando, en el escenario óptimo, la sanción de todas las iniciativas prioritarias. El principal proyecto en agenda es el Presupuesto 2026, cuyo debate iniciaría en la Cámara de Diputados, con la expectativa de obtener media sanción en diciembre para que el Senado lo trate en los primeros meses del año entrante.
Paralelamente, se prevé que la Cámara Alta mantenga actividad en el cierre de 2025, abordando medidas como el nuevo Código Penal —presentado por la ministra Patricia Bullrich y el propio Presidente en el penal de Ezeiza— y las modificaciones a la Ley de Glaciares.
El Código Penal, que reemplazaría al vigente desde 1921, se centra en tres ejes fundamentales:
- el agravamiento de penas,
- la reducción de la edad de imputabilidad
- la incorporación de nuevas figuras delictivas,
aunque sus detalles específicos aún no han sido divulgados en su totalidad.
En cuanto a la Ley de Glaciares, la reforma responde a demandas de provincias mineras que solicitan eliminar o flexibilizar el concepto de «ambiente periglaciar», permitiendo a cada jurisdicción definir su manejo. Los gobernadores argumentan que la norma actual restringe la exploración y explotación de territorios adyacentes a estos ambientes, los cuales contienen hielo subterráneo en ciclos constantes de congelación y descongelación, esenciales para la reserva de agua dulce. No obstante, estos periglaciares están inventariados desde la sanción de la ley, impidiendo inversiones mineras que incumplan la protección ambiental establecida.
Respecto de otras iniciativas gubernamentales, persisten incertidumbres sobre la reforma laboral, cuya entrada al Congreso —por la Cámara Alta o Baja— aún no se ha definido. Esta propuesta genera menores consensos hasta el momento, como evidenciaron las recientes objeciones de la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo durante la última reunión del Consejo de Mayo, donde no se alcanzó un entendimiento mínimo entre empresarios, gremios y el Ejecutivo. Por tales razones, se anticipa que la modernización laboral sea uno de los últimos temas en ser discutidos.
Adicionalmente, el oficialismo impulsa la aprobación de la reforma tributaria, la Ley de Inocencia Fiscal y las modificaciones al sistema educativo, configurando una agenda ambiciosa que demanda un cronograma extendido.
En el ámbito opositor, se espera que diciembre concentre el tratamiento de la mayor cantidad de proyectos pendientes para posibilitar un receso informal en enero. Representantes de bloques distantes de La Libertad Avanza manifestaron que «en enero se podría interrumpir por dos semanas, dependiendo del avance en diciembre», recordando que durante el debate de la Ley Bases en años anteriores, la primera quincena contó con guardias pasivas sin presencia legislativa plena. Sin embargo, enfatizaron que «si diciembre no resulta productivo y surgen demoras, enero podría verse comprometido», destacando la dificultad de mantener a los legisladores sin vacaciones.
Esta perspectiva ha sido considerada por el Gobierno, que, según fuentes consultadas, reconoce que, pese a una convocatoria extendida, podría producirse un parate efectivo en la segunda quincena de enero. La decisión final sobre la extensión de las sesiones extraordinarias reflejará el equilibrio entre la urgencia reformista del Ejecutivo y las dinámicas prácticas del Poder Legislativo, en un contexto donde el control parcial del Congreso post-elecciones de octubre representa una ventana estratégica para consolidar la agenda libertaria antes de las midterm de 2027.
Analistas políticos subrayan que esta prolongación podría generar tensiones internas en los bloques opositores, pero también presionar hacia consensos en paquetes integrales, priorizando la estabilidad económica y la modernización institucional.
En definitiva, la posible ampliación de las sesiones extraordinarias hasta febrero busca maximizar el avance legislativo en un período típicamente recesivo, aunque las resistencias opositoras y las complejidades de las reformas sensibles como la laboral o glaciar podrían dilatar los tiempos previstos.
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