El Gobierno de Córdoba cobrará a los padres los costos de los operativos ante amenazas escolares para desalentar falsas alarmas
El Gobierno de la provincia de Córdoba implementará un nuevo protocolo que permitirá cobrar a los padres o responsables de los menores el costo de los operativos policiales y de emergencia generados por falsas amenazas en escuelas.
La medida, anunciada por el Ministerio de Seguridad, busca desalentar la ola de intimidaciones y alertas falsas que se registraron en las últimas semanas en establecimientos educativos de toda la provincia. Según las autoridades, estas conductas generan un importante despliegue de recursos públicos, incluyendo personal policial, brigadas especiales, bomberos y equipos de investigación, con un costo elevado para el Estado.
El protocolo de recupero y resarcimiento establece que, una vez identificados e imputados judicialmente los responsables de las falsas amenazas, los padres o adultos a cargo deberán afrontar económicamente los gastos ocasionados por los operativos. Esta sanción económica se suma a las consecuencias penales que ya prevé el Código Penal para este tipo de delitos.
La decisión responde al aumento significativo de casos de amenazas de tiroteos y alertas falsas en escuelas cordobesas. En los últimos días se registraron decenas de intervenciones que movilizaron a las fuerzas de seguridad y generaron alarma en la comunidad educativa, afectando el normal desarrollo de las clases y generando estrés en alumnos, docentes y familias.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el objetivo es generar mayor responsabilidad en las familias y desincentivar conductas que, muchas veces, surgen como “desafíos virales” entre adolescentes, pero que constituyen delitos graves. Las autoridades aclararon que el cobro solo se aplicará cuando exista identificación clara del responsable y avance de la causa judicial.
Esta iniciativa se enmarca en una política más amplia de endurecimiento de medidas contra la violencia y las falsas alarmas en el ámbito escolar. El Gobierno provincial busca equilibrar la protección de la comunidad educativa con la optimización del uso de los recursos públicos.
La medida generó debate en la sociedad cordobesa. Mientras algunos sectores la consideran necesaria para frenar el fenómeno, otros expresan preocupación por la posible judicialización de conflictos familiares y por la carga económica que podría recaer sobre los hogares.
Las autoridades confirmaron que el protocolo comenzará a aplicarse de inmediato y que se trabajará en conjunto con el Poder Judicial para agilizar los procesos de identificación y cobro de los costos operativos.
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