En un fallo que sienta un precedente clave para la responsabilidad digital en Argentina, la Justicia civil de La Rioja condenó a una mujer a indemnizar a su expareja con una suma que, tras seis años de proceso judicial, asciende a $30 millones. La sentencia reconoce el daño provocado por una campaña de hostigamiento y difamación realizada a través de redes sociales.
El conflicto se originó en 2019 tras la ruptura de la relación. Según consta en el expediente, la mujer utilizó cuentas personales y perfiles falsos para hostigar al hombre, un agente de la Policía provincial. Las agresiones incluyeron insultos recurrentes —como “cornudo”, “chizito” y “coimero”—, expresiones discriminatorias y, de manera más grave, la difusión de falsas acusaciones sobre una enfermedad de transmisión sexual.
El abogado de la víctima, Pablo Arrieta, subrayó que el ataque trascendió el ámbito personal, afectando directamente la vida laboral del damnificado. Como consecuencia directa de estas publicaciones, el hombre sufrió la apertura de un sumario administrativo y vio bloqueado su ascenso dentro de la fuerza de seguridad, viendo comprometida su reputación profesional y social.
La resolución judicial no solo impuso el pago de una reparación económica —que parte de una base de $4 millones, actualizada por los intereses acumulados durante los seis años de litigio—, sino que también ordenó una medida de reparación pública. La mujer deberá publicar la sentencia en las mismas redes sociales y medios donde realizó las agresiones originales, buscando así limpiar el honor del damnificado frente a su comunidad.
El fallo funciona como un recordatorio contundente sobre los límites en el mundo digital. Como enfatizó la defensa de la víctima: “No cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin tener una consecuencia”. El caso deja claro que el hostigamiento virtual puede acarrear penalizaciones económicas millonarias y serias repercusiones legales.
