Con apoyo del PRO, UCR, bloques provinciales y libertarios, el proyecto impulsado por Patricia Bullrich superó la votación en general y particular en la Cámara baja; ahora el texto pasa al Senado para su tratamiento definitivo
La Cámara de Diputados otorgó esta tarde la media sanción al proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora será girada al Senado para su revisión en el marco de las sesiones extraordinarias.
El oficialismo logró una amplia coalición que incluyó, además de los libertarios, a la totalidad del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz. El peronismo mantuvo la unidad en la votación en general y rechazó el proyecto, aunque en la votación particular los diputados del Frente Renovador acompañaron la baja de la edad de punibilidad, argumentando que respetaban la posición histórica del espacio que ya había presentado en 2015 un Código Penal con el mismo piso etario.
El nuevo régimen no solo baja la edad de imputabilidad a 14 años, sino que establece una pena máxima de 15 años de prisión para los delitos más graves cometidos por adolescentes (homicidios, robos con violencia, abusos sexuales, secuestros, entre otros). Para infracciones de menor entidad (penas menores a 10 años) se priorizan penas alternativas como amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y restricción para conducir vehículos.
Uno de los ejes centrales del texto es la creación de institutos especializados para adolescentes condenados, con garantía de educación obligatoria, atención médica integral y tratamiento de adicciones. Todo el personal de estos centros deberá estar capacitado específicamente en infancia y adolescencia, y queda terminantemente prohibida la convivencia con detenidos adultos. El proyecto también habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro aspecto novedoso es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La norma les garantiza el derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico gratuito, a recibir asistencia psicológica y a participar en instancias relevantes, incluyendo mecanismos restaurativos.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante, destacó al abrir el debate que la ley vigente de 1980 “no previene, no resocializa y no repara”, y que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que Argentina suscribió pero nunca implementó. También subrayó que el régimen actual deja a muchos adolescentes “en un limbo” sin debido proceso ni políticas efectivas de reinserción, situación que favorece la captación por organizaciones criminales.
Desde el peronismo las principales críticas apuntaron a la falta de enfoque integral. Juan Grabois sostuvo que “la edad la pueden bajar a cero años, no es un problema de bajar o no bajar la edad” y reclamó poner el eje en salud mental y consumos problemáticos. Juan Carlos Molina se preguntó qué tipo de sociedad discute “bajar la edad para meter pibes en una cárcel” en lugar de mejorar educación, salarios de médicos y centros deportivos.
El oficialismo incorporó en la última versión un artículo específico sobre asignación presupuestaria: $23.739.155.303 (de los cuales $3.131.996.784 irán al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 a la Defensoría General de la Nación), medida que buscó destrabar resistencias de gobernadores que habían advertido que no acompañarían si los costos recaían exclusivamente en las provincias.
Con los 149 votos positivos obtenidos, el Gobierno se muestra confiado en poder lograr la sanción definitiva en el Senado antes del cierre de las sesiones extraordinarias, cerrando así una de las reformas más debatidas y esperadas en materia de seguridad y justicia juvenil.
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