Un juez federal dispuso que AFIP y bancos revelen información sobre los gastos del vocero presidencial en viajes oficiales y privados, en medio de la polémica por el uso de fondos públicos y la inclusión de su esposa en comitivas
Un juez federal de Buenos Aires ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para determinar quién abonó los viajes del vocero presidencial Manuel Adorni, tanto en carácter oficial como privado. La medida se tomó en el marco de una investigación que busca esclarecer si existieron irregularidades en el financiamiento de desplazamientos del funcionario, especialmente aquellos en los que participó su esposa, lo que generó fuerte controversia en las últimas semanas.
La decisión judicial obliga a la AFIP a entregar los movimientos fiscales y bancarios de Adorni en los últimos dos años, incluyendo transferencias, pagos con tarjeta y depósitos relacionados con pasajes aéreos, hotelería y viáticos. Asimismo, se requirió a las entidades bancarias información detallada sobre cuentas personales y corporativas vinculadas al vocero presidencial. El objetivo es establecer si los gastos fueron cubiertos con fondos públicos, privados o por terceros, y si se cumplieron las normas de transparencia en el uso de recursos del Estado.
La investigación se inició tras denuncias de sectores opositores que cuestionaron la inclusión de la esposa de Adorni en comitivas oficiales durante viajes a Estados Unidos y Punta del Este, así como el uso de aviones de la flota presidencial para desplazamientos personales. El propio jefe de Gabinete había reconocido públicamente que se trató de un “error” administrativo, aunque negó cualquier delito.
El fallo del juez ordena preservar la confidencialidad de la información hasta que se resuelva la causa, pero habilita el acceso a datos clave para determinar si hubo malversación de caudales públicos o violación de normas éticas en la función pública. Fuentes judiciales indicaron que la medida es de carácter amplio y abarca no solo los viajes cuestionados, sino también el origen de fondos para otros desplazamientos del funcionario.
La resolución generó repercusiones inmediatas en el Gobierno, donde se calificó la denuncia como “política y malintencionada”, mientras que desde la oposición se exigió mayor transparencia y se anticiparon pedidos de informes al Congreso. El caso pone nuevamente bajo escrutinio el uso de recursos estatales por parte de funcionarios de alto rango y podría tener consecuencias políticas y judiciales en las próximas semanas.
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