El Ejecutivo presentó un recurso per saltum ante la Corte Suprema para que intervenga de inmediato en el conflicto por la reforma laboral y revierta la suspensión de más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral dictada por un juez laboral
El Gobierno Nacional decidió escalar el conflicto judicial con la CGT y presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario por «per saltum«(salto de instancia). El objetivo es que el máximo tribunal intervenga de manera directa y restablezca la plena vigencia de la Ley de Modernización Laboral, cuya aplicación fue suspendida parcialmente por la Justicia del Trabajo.
La medida fue impulsada por la Procuración del Tesoro en representación del Estado Nacional, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hiciera lugar a una medida cautelar presentada por la central sindical. Dicho fallo frenó provisoriamente la aplicación de más de 80 artículos de la norma sancionada por el Congreso.
En el escrito presentado a la Corte, el Gobierno argumenta que el juez laboral actuó de manera incompetente, ya que una norma de alcance nacional no puede ser suspendida por un magistrado de primera instancia con efectos generales para todo el país. Además, cuestiona la legitimación de la CGT para impulsar la demanda, al considerar que la central obrera impugnó la ley de forma abstracta, sin demostrar un perjuicio concreto y específico.
Otro punto central del recurso es la “gravedad institucional” del fallo. Según el Ejecutivo, permitir que un juez de primera instancia suspenda una ley aprobada por el Congreso altera el principio de división de poderes y genera una profunda incertidumbre jurídica que afecta a millones de trabajadores y empleadores en todo el territorio nacional.
El Gobierno solicitó expresamente que la Corte Suprema declare admisible el recurso, suspenda de inmediato los efectos de la cautelar y, en definitiva, revoque la decisión del juez laboral. De esta forma, busca evitar el paso por las instancias intermedias y obtener una resolución rápida del máximo tribunal.
Esta nueva escalada judicial se inscribe en el marco de la creciente tensión entre el Gobierno y el sindicalismo por la reforma laboral. La Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802) incluye modificaciones significativas en materia de contrataciones, jornada laboral, convenciones colectivas, teletrabajo y representatividad sindical, entre otros puntos que la CGT considera lesivos para los derechos de los trabajadores.
La central obrera, por su parte, defiende la necesidad de modernizar las relaciones laborales, pero sostiene que la norma aprobada por el Congreso afecta derechos constitucionales y colectivos. En declaraciones recientes, su secretaria general Sola señaló ante empresarios que “los representantes de los trabajadores quieren una modernización”, aunque en los tribunales mantiene una postura de fuerte oposición a varios capítulos de la ley.
El caso ahora queda en manos de la Corte Suprema. Los ministros del máximo tribunal deberán decidir si aceptan el per saltum y analizan de fondo la constitucionalidad de la cautelar y los límites del control judicial sobre las leyes sancionadas por el Poder Legislativo.
Este episodio representa un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial en materia de reformas estructurales. La resolución que adopte la Corte no solo definirá el futuro inmediato de la reforma laboral, sino que también sentará un precedente sobre el rol de la Justicia frente a las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional.
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