La Unicameral de Córdoba aprobó la “emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional público provincial a los fines de resguardar la sustentabilidad económica y financiera del sistema, así como la sostenibilidad de los fondos previsionales, por el término de cinco años”, implicando esto cambios importantes en los aportes, tanto de activos como de pasivos provinciales.
En el caso de los activos se deroga el fondo anterior que preveía aportes del 2, 3, 4 por ciento, y se crea uno nuevo que irá del 2 al 8 por ciento, según la escala salarial en bandas, se estima que quienes perciban salarios entre 4 y 5 millones de pesos son quienes aportarán el máximo, que es el 8 por ciento. Esto afecta a todos los trabajadores provinciales, que aportarán este monto extra y al cual se suma también un extra para el APROSS, que pasará del 5,5 por ciento, al 6,6 por ciento,
La Ley, asimismo, indica que durante la vigencia de la presente ley se contemplará el pago a los titulares de beneficios previsionales de un adicional mensual de carácter no remunerativo, que compense la deducción del aporte personal del cálculo del haber previsional hasta el límite del 82 por ciento, a aplicarse conforme a las escalas y graduación que determine la reglamentación.
Desde las agrupaciones de jubilados, sobre todo aquellos que juntaron alrededor de 38 mil firmas en el marco de la Iniciativa Popular emitieron un comunicado de prensa donde señalan que los sorprendió esta Ley, ya que en ningún momento se les dio a conocer y cuestionan que se pague con un bono a los jubilados para restituir el porcentaje original del 82 por ciento.
Las nuevas medidas comenzarían a regir desde enero, y nuevamente la Caja de Jubilaciones, problema de larga data, se convierte en centro de debate, ya que por un lado hay un apoyo de los jubilados y los gremios estatales en el reclamo que realiza la gobernación de Córdoba ante la justicia, al gobierno Nacional, que sigue sin cumplir los envíos mensuales previstos por Ley, de alrededor de $28.000 millones mensuales, también cuestionan al gobernador que el déficit lo terminen pagando los trabajadores y los jubilados cordobeses.
Así como EPEC, la Caja de Jubilaciones es parte del “talón de Aquiles” de todos los gobiernos que pasaron en los últimos 25 años, problema que muchos apuntan que fue generado por el propio José Manuel De la Sota, cuando en 2002, donde se jubilaron una importante cantidad de empleados públicos, aumentando el número de pasivos, lo que inició un desfasaje financiero que, En 2002, En ese mismo proyecto, se aumentaron las edades de retiro en cinco años para las mujeres y siete para los varones. Pasaron de 55 y 58 años, respectivamente para mujeres y hombres, a 60 y 65. En 2007, por cuestiones formales, la Corte declaró inconstitucional el decreto 1.777 de Mestre. La Provincia restituyó el 82 por ciento móvil.
En 2012, el exgobernador José Manuel de la Sota dispuso un diferimiento para las subas de los haberes de los pasivos. Las alzas que lograban los activos se «pisaron» por seis meses para los jubilados, lo que derivó en ahorro en medio de altos índices de inflación. Fue la ley 10.078.
En diciembre de 2015, al asumir la gobernación, Juan Schiaretti terminó con el diferimiento, pero introdujo un cambio sustancial con un recálculo en los haberes mediante la resistida ley 10.333. El nuevo método implicó pagar el 82 por ciento del 89 por ciento del salario, lo que equivale al 73 por ciento del sueldo activo bruto.
Los cambios en la ley de jubilación provincial comenzarán a aplicarse con los salarios y los haberes de enero, ya que el gobernador Martín Llaryora reglamentará antes de fin de año la nueva norma aprobada en la madrugada de ayer en la Legislatura.
El nudo de la cuestión es que el déficit se fue incrementando, y actualmente con el ajuste a nivel nacional, y a partir del año próximo, un ajuste similar se aplicaría a nivel provincial, donde todo marcador parece determinar que el camino es que los números cierren y los organismos se autofinancien, por lo que tendrán que hacer número finos en cuanto a reducir gastos, y como siempre quienes más lo sentirán serán los trabajadores y los jubilados.
Si bien en Córdoba las jubilaciones son mucho más altas que a nivel nacional y con relación a otras provincias, y seguramente como sucede a nivel país, hace falta un debate profundo si hacen falta reformas estructurales en el sistema previsional, lo que el oficialismo, que gobierna de hace más de veinte años no ha hecho, cuando las “papas queman” y las “urnas hablan”, los primeros que se deben ajustar siempre son los mismos.
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