La caída del consumo, que carece de medidas estatales para incentivarlo, de la mano la menor demanda y la apertura de importaciones ponen en una situación preocupante a muchos sectores productivos de la economía argentina.
El reciente cierre de su planta en Pilar de Whirlpool dejando sin trabajo a 220 empleados, apenas dos años después de inaugurar una línea de producción con una inversión de 50 millones de dólares, provocó un shock, que en realidad comenzó en 2023 y se acentuó durante el último año y medio.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la cantidad de empresas activas en el país se redujo en 19.164 unidades productivas y se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados, según datos de cierres y aperturas de firmas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En Rosario, Electrolux extendió hasta fin de año un esquema de suspensiones rotativas que afecta a 400 empleados. La mexicana Mabe cerró su planta de Río Segundo, donde trabajaban 200 personas, y ofreció retiros voluntarios o traslados a su fábrica de Luque, en nuestra zona. Los casos más recientes son la fábrica de ollas Essen, en Venado Tuerto, despidió a 30 trabajadores, que se suman a los 60 cesanteados en lo que va del año. La autopartista Dana, en San Luis, dejó sin empleo a 50 personas, mientras que la crisis de la industria maderera se extiende en Misiones y Corrientes con el ejemplo de Forestal Tapebicuá, una de las mayores empresas del rubro en la Argentina, con base en Gobernador Virasoro, que solicitó un proceso Preventivo de Crisis y dispuso la paralización temporaria de sus operaciones por 30 días, con la suspensión de más de 500 trabajadores.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, advirtió que producir en el país cuesta entre un 25% y un 30% más que en Brasil debido a la elevada carga impositiva, la rigidez laboral y la falta de infraestructura competitiva. En una entrevista, el titular de la entidad empresaria enfatizó que la industria nacional atraviesa una situación crítica y reclamó al Gobierno acelerar las reformas estructurales para revertir la pérdida de competitividad.
Estamos en diciembre y luego del respaldo electoral, el gobierno intentará introducir las reformas Laboral, Impositiva y Jubilatoria al Congreso, aunque es cuestionable que no tome medidas en el mientras tanto para tratar de sostener el empleo formal, que tiene un alto valor en un país donde, una porción muy importante de trabajadores se encuentran en la informalidad, teniendo en cuenta que el proceso para que esto se revierta podría tomar mucho tiempo, y todavía nadie puede asegurar que tenga éxito.
Además, las reformas planteadas deberían servir para mejorar lo existente y facilitar la contratación de personal, pero también respetar los derechos adquiridos, si se logra este equilibrio podríamos ver la reactivación que todavía no se percibe en el bolsillo de los sectores medios y bajos, cuya brecha con los de mayor poder adquisitivo parece ir ampliándose cada vez más.
Los datos oficiales del INDEC, informó que, a nivel sectorial, el declive mensual más pronunciado en septiembre se verificó en la producción de textil e indumentaria (-6,1%). Según fuentes del sector, el derrumbe responde a la combinación de baja demanda y apertura comercial. Detrás, en orden de importancia, le siguió una baja del 1,4% en la fabricación de minerales no metálicos, muy asociados a la actividad de la construcción.
Evidentemente hay un cambio en la matriz productiva, pero todavía no está claro que los sectores ganadores, que serían la minería, energía, economía del conocimiento, agro/agroindustria y servicios, compensen a los perdedores en términos de empleo y distribución del ingreso.
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