“Entre todos vamos a constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino….”
Parte del preámbulo de la Constitución Nacional, citada por Alfonsín cuando asume el 10 de diciembre de 1983, luego de haber ganado las elecciones el 30 de octubre de ese año y así volver definitivamente a la recuperación de la democracia en el país, después de los años más oscuros de nuestra historia.
Aquel día, el 30 de octubre, la UCR se imponía en las elecciones al PJ, y al conocerse los resultados, al salir a hablar en el balcón de la Casa Radical, también brindó un mensaje, ahí dijo entre otras cosas: “Levantamos las banderas de la unión nacional, de la convivencia democrática, de la justicia social, de la solidaridad y ayuda fraterna…”
Claro que también mencionó en varias oportunidades, que iba a ser difícil, y vaya si lo fue para el Presidente que recibía un país destruido, desde el punto de vista moral, con la amenaza permanente de los militares, pero también en lo económico, con una deuda tomada por el gobierno militar y con la destrucción de la industria nacional.
El momento más importante que posicionó al país a nivel mundial en derechos humanos fue el juicio a las Juntas Militares. Tres días después de asumir la presidencia, Alfonsín firmó el decreto 158 que daba pie al comienzo del proceso judicial y se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). El juicio inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. En unas 530 horas de audiencia declararon 839 testigos en la denominada «causa 13». El tribunal estuvo integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.
Resuenan en la cabeza de muchos aquella famosa frase del Fiscal Julio César Strassera, quien con junto a Luis Moreno Ocampo llevaron adelante todo el proceso utilizando como base probatoria el informe «Nunca más», realizado por la CONADEP. Poco tiempo después de esa sentencia histórica, llegarían las presiones y los alzamientos carapintadas, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas por el Congreso y que garantizaron la impunidad de asesinos y torturadores durante años. También llegarían los indultos a los genocidas que firmó el ex presidente Carlos Menem a poco de asumir.
Pasaron cuarenta años desde aquel momento, y aunque la democracia en estos 40 años ha tenido sus vaivenes en cuanto a lo económico, y cierta inmadurez política de su dirigencia, con innumerables cosas a resolver, es y será siempre el mejor sistema en el podamos vivir, donde los derechos, garantías y libertades de pensamiento se respetan
. La sociedad ha demostrado que quiere vivir en paz y eso es unánime. Sí es real que faltan resolver muchas cuestiones, en particular una mejor distribución del ingreso para poder terminar con la pobreza, pero sólo será posible si se entiende verdaderamente el sentido de unidad nacional en la medida de coincidir y consensuar cuatro o cinco puntos básicos y objetivos a mediano y largo plazo.
