Tras quince horas de debate intenso, La Libertad Avanza sumó apoyos del radicalismo, PRO y bloques provinciales para imponer la modernización laboral; ahora el oficialismo busca su sanción en la Cámara baja en sesiones extraordinarias
El Gobierno nacional logró una victoria clave en el Senado al aprobar por 42 votos a favor contra 30 en contra el proyecto de reforma laboral, una de las iniciativas centrales del plan económico de Javier Milei para fomentar la creación de empleo formal y reducir litigiosidad. La votación, que se extendió durante quince horas de sesión, contó con el respaldo unánime de los 20 senadores de La Libertad Avanza, más aportes decisivos de la UCR (10 votos), el PRO (3), y diversos bloques provinciales como Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.
El apoyo legislativo reflejó el alineamiento de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes facilitaron el voto de sus representantes. En el oficialismo destacaron la presencia en el recinto de figuras como Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Manuel Adorni (jefe de Gabinete), Diego Santilli (ministro del Interior), Eduardo «Lule» Menem y el presidente de Diputados Martín Menem.
La oposición, concentrada en el interbloque peronista (Justicialista, Convicción Federal y Frente Cívico de Santiago del Estero) junto a dos senadores de Santa Cruz, rechazó el proyecto en bloque. Líderes como José Mayans lo calificaron de “inconstitucional” por violar el artículo 14 bis de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica, y criticaron la celeridad del tratamiento.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich (jefa del bloque LLA) defendió la iniciativa como salida a una “legislación obsoleta” que frena el crecimiento, mientras Juan Cruz Godoy destacó los acuerdos directos entre trabajador y empleador para reducir el “miedo a contratar” por riesgos litigiosos. En la vereda contraria, Mariano Recalde sostuvo que la norma “no genera empleo” y retrocede a estándares de 1929, y Carolina Losada (UCR) la respaldó al prever más inversión, empresas y recursos para jubilaciones.
El proyecto contempla incentivos al empleo formal mediante baja de impuestos patronales, topes a indemnizaciones, habilitación de convenios por empresa, banco de horas, límites al derecho de huelga en servicios esenciales y creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes del 1% de grandes empresas y 2,5% de pymes a Anses. En la discusión particular, el oficialismo rechazó modificaciones opositoras y mantuvo su esquema original, aunque cedió en detalles como el financiamiento del INCAA (se extiende hasta 2028 con porcentajes actuales y luego con partidas presupuestarias).
A último momento se incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ya que no figuraba en el temario de extraordinarias. Se mantuvo el pago de salarios solo por entidades bancarias (billeteras virtuales deben adecuarse a normas del BCRA), se fijó tope del 2% a aportes sindicales obligatorios y 0,5% a cámaras empresarias, y se eliminó plazo de vigencia para esos regímenes.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre y la ley Bases en 2024, esta reforma laboral se posiciona como prioridad del Gobierno. Fuentes parlamentarias confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el oficialismo aspira a votarla en Diputados antes del 27 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias.
El traslado a la Cámara baja anticipa un nuevo round de negociaciones y tensiones, aunque el resultado en el Senado fortalece la hoja de ruta del Ejecutivo para avanzar en su agenda de desregulación y apertura económica.
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