También propone una ley específica para el tratamiento de presos de alto perfil criminal. Los jueces de paz tendrán inamobilidad en sus cargos. Puso en valor la creación de distritos policiales y judiciales.
El gobernador Martín Llaryora anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley de protección integral de las víctimas de delito, una iniciativa que busca ordenar y garantizar derechos, asistencia, protección y reparación para quienes sufren hechos delictivos en la provincia.
La norma propone colocar en el centro la dignidad humana y reforzar el rol del Estado en el acompañamiento efectivo de las víctimas.
Se trata de una herramienta que “ordena derechos, garantías, asistencia, protección y reparación”, estableciendo obligaciones claras para el Estado frente a quienes padecen un delito.
El mandatario agradeció públicamente la lucha de la familia Sperani, oriunda de la Laboulaye, y de muchas otras familias que transformaron el dolor en una causa colectiva. En reconocimiento a ese camino, propuso que la iniciativa lleve el nombre de “Ley Joaquín”, en homenaje y como símbolo del compromiso institucional con las víctimas.
En el mismo paquete de reformas, el mandatario adelantó que también se avanzará con la sanción de una ley específica para el tratamiento de presos de alto perfil criminal, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control sobre internos considerados de máxima peligrosidad.
Durante su exposición, Llaryora destacó además los avances del Plan de Territorialidad judicial-policial en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba.
Esta política implicó la delimitación de distritos policiales y judiciales, de modo que los vecinos puedan identificar con claridad quién es el fiscal y el comisario responsables de la seguridad en cada barrio.
En total, se definieron 27 distritos, de los cuales 12 ya se encuentran en funcionamiento, con el compromiso de completar el esquema a lo largo de este año.
El gobernador también puso en valor la decisión de agilizar los procesos judiciales ante delitos cometidos en situación de flagrancia, y anunció que se impulsará una ley para otorgar inamovilidad a los jueces de paz, con el fin de fortalecer la independencia judicial en cada localidad del interior provincial.
