Legislatura de Córdoba aprobó la ley que prohíbe naranjitas ilegales y regula el uso del espacio público

Con 51 votos a favor y 19 en contra, se sancionó la reforma al Código de Convivencia que prohíbe cuidacoches no autorizados y limpiavidrios en toda la provincia, pero habilita a los municipios a regular la actividad

La Legislatura de Córdoba sancionó este miércoles una ley que prohíbe la actividad de los naranjitas ilegales en toda la provincia y establece un nuevo marco regulatorio para el uso del espacio público. La iniciativa, que modifica el Código de Convivencia, fue aprobada con 51 votos a favor y 19 en contra, y busca ordenar una práctica que hasta ahora funcionaba con escaso control en diferentes ciudades y localidades cordobesas.

La norma prohíbe de manera general la figura de los cuidacoches y establece la prohibición total de los limpiavidrios en la vía pública. Sin embargo, deja en manos de los municipios la posibilidad de autorizar la actividad a través de ordenanzas locales. En los casos donde se permita, los cuidacoches deberán estar debidamente identificados y solo podrán cobrar las tarifas fijadas por cada municipio en las zonas específicamente habilitadas.

El legislador Juan Manuel Llamosas, de Hacemos Unidos por Córdoba, explicó que el objetivo es generar “una norma más precisa que dé certezas a los municipios que decidan autorizar a los cuidacoches” y brindar a la Policía mayores herramientas para disuadir y prohibir a quienes operen sin autorización. Además, destacó que la ley busca promover políticas de inclusión laboral para aquellas personas que recurren al espacio público por falta de otras oportunidades.

Por su parte, el legislador libertario Gregorio Hernández Maqueda celebró la prohibición de los limpiavidrios como “una buena noticia”, pero criticó que la regulación de los naranjitas resulte redundante y mantenga en gran medida el sistema actual.

La ley también incorpora herramientas para sancionar incumplimientos, como el cobro de tarifas indebidas o el préstamo de credenciales, y traslada a los concejos deliberantes la decisión sobre otras actividades como la venta ambulante en semáforos.

Con esta sanción, el Gobierno provincial y la mayoría legislativa buscan ordenar el espacio público, reducir el descontrol en las calles y respetar la autonomía municipal, tal como lo establece la Constitución de Córdoba.


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