La localidad de La Playosa, de poco más de tres mil habitantes, quedó en el centro de una causa judicial que todavía genera conmoción social y fuertes cuestionamientos institucionales.
A fines de diciembre de 2024 fue detenido Rodrigo Santi, bombero voluntario y responsable de la Escuela de Capacitación de Menores, acusado de grooming y abuso sexual agravado contra niños y adolescentes.
El caso tuvo un impacto particular por el rol que Santi ocupaba dentro del sistema bomberil, vinculado históricamente al cuidado comunitario. Durante los allanamientos, que incluyeron su domicilio y el cuartel de bomberos local, se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación clave para la investigación.
Casi un año después, la causa dio un giro determinante: tras la indagatoria, el imputado reconoció todos los cargos. Admitió tres hechos de abuso sexual simple, uno con acceso carnal y la tenencia de pornografía infantil, en concurso ideal con corrupción de menores. La confesión dejó el expediente en condiciones de ser elevado a juicio.
Sin embargo, lejos de aportar alivio, el avance del proceso generó nuevas tensiones. Las familias querellantes denunciaron irregularidades en un intento de juicio abreviado, cuestionaron la falta de información sobre la pena prevista y expresaron su malestar por la intervención de un abogado con vínculos previos con la fiscalía interviniente.
La polémica se profundizó cuando la fiscal aceptó el pedido de prisión domiciliaria para Santi, basado en un informe psicológico privado. La medida fue otorgada sin tobillera electrónica ni controles estrictos, en un domicilio cercano a establecimientos educativos, lo que encendió la alarma de las víctimas.
Con la feria judicial en curso, la causa quedará ahora en manos de la jueza de Control, quien deberá definir los próximos pasos. Mientras tanto, el caso expone no solo la gravedad de los delitos confesados, sino también las fisuras de un sistema que hoy está bajo la lupa pública.
