Se espera baja de hasta 30% en precios
Medida del decreto 333/2025 busca fomentar competencia en el mercado de teléfonos celulares y mejorar acceso a tecnología, aunque genera preocupación en la industria de Tierra del Fuego por impacto en empleo
El Gobierno nacional implementará a partir de este jueves 15 de enero de 2026 la eliminación total de los aranceles a la importación de celulares, fijando la alícuota en 0%. Esta decisión, prevista en el decreto 333/2025 publicado en mayo de 2025, completa un proceso de reducción gradual que comenzó con la baja del 16% al 8% en esa fecha, con el objetivo de estimular la competencia en el sector, incrementar la oferta de dispositivos y lograr una disminución significativa en los precios al consumidor.
Según las estimaciones oficiales, la medida podría traducirse en una reducción de hasta el 30% en los valores finales de los teléfonos celulares, aunque este impacto no será inmediato y dependerá de factores como la evolución de los costos logísticos, el comportamiento de las empresas importadoras y la dinámica del mercado. El Ejecutivo destaca que la iniciativa promueve la inclusión digital, facilita el acceso a tecnología esencial para el trabajo, la educación y la comunicación, y contribuye a reducir problemas como el contrabando y la incidencia delictiva asociada al robo de equipos.
En el marco del mismo decreto, se realizaron ajustes adicionales en la carga impositiva. Se eliminaron los impuestos internos para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron del 9% al 0%, mientras que para los productos importados equivalentes se redujeron del 19% al 9,5%. Además, los aranceles para consolas de videojuegos bajaron del 35% al 20%, alineándose con el Arancel Externo Común del Mercosur.
La medida ha generado fuerte preocupación en la provincia de Tierra del Fuego, donde se concentra la producción electrónica nacional bajo el régimen de promoción industrial establecido en 1972. Este esquema otorga exenciones impositivas nacionales y representa el 78% de la economía provincial, generando alrededor de 8.500 puestos de trabajo en la industria electrónica, principalmente en Río Grande y Ushuaia.
Desde la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el secretario adjunto Marcos Linares expresó su rechazo a la eliminación de los aranceles, argumentando que la política va en contra de la producción nacional. “Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que complica aún más la situación de la industria”, afirmó. Recordó que en 2025 el gremio llevó adelante un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción en las fábricas fueguinas, en rechazo a las medidas iniciales de reducción arancelaria. Linares enfatizó que la apertura comercial afecta gravemente los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando la provincia.
El Gobierno sostiene que la eliminación de barreras arancelarias mejorará las condiciones de oferta, equiparará precios con los de países vecinos y beneficiará a los consumidores al facilitar el ingreso de modelos más variados y actualizados. Expertos del sector privado anticipan que las importaciones de celulares podrían duplicarse en 2026, impulsadas por la mayor competitividad y la reducción de costos impositivos.
Esta reforma forma parte de una estrategia más amplia de desregulación y apertura comercial, orientada a reducir la brecha de precios tecnológicos entre Argentina y el resto de la región, aunque genera tensiones con los sectores productivos protegidos históricamente.
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