La referencia es la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, deja sin efecto «el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos».
La referencia son un núcleo de normas que permitía, luego de realizar los trámites correspondientes, realizar viajes sin costo en servicios de colectivos de larga distancia a «personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer».
Puntualmente, el Estado se hacía cargo del pago parcial de dichos boletos, que se otorgaban sin cargo a quienes integraban esos sectores.
El Gobierno se ocupa de aclarar que la Resolución “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, y el derecho en cuestión sigue “plenamente vigente y exigible”. Entonces se podrán seguir solicitando los pasajes, aunque sin intervención de la Nación.
La normativa deja en claro que las empresas pueden “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios” y que la ayuda del Estado se torna «innecesaria».
