TOF (Tribunal Oral en lo Criminal Federal №2) ejecuta sentencia firme: alcanza a Máximo y Florencia Kirchner como titulares de inmuebles, monto actualizado cubre fraude en obras públicas de Santa Cruz
TOF dispuso este 18 de noviembre de 2025 el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.140 a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la Causa Vialidad, por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
La medida, histórica en causas de corrupción, incluye propiedades de Máximo y Florencia Kirchner como titulares de activos vinculados a la maniobra, según la resolución firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La decisión se ejecuta tras la firmeza de la sentencia del 10 de junio de 2025 y el incumplimiento de la intimación para pago voluntario. El monto inicial de $84.835 millones (2022) fue actualizado por peritos de la Corte Suprema, fiscalía y tribunal, incorporando inflación y valorizaciones. El TOF 2 rechazó argumentos defensivos sobre nexo causal y principios constitucionales, considerando resueltos en instancias previas.
El decomiso abarca inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hermanos SA y Loscalzo y Del Curto SRL —firmas adjudicatarias irregulares entre 2003 y 2015—. También propiedades transferidas a Máximo y Florencia Kirchner, y bienes de funcionarios y empresarios como Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich. Si los activos iniciales no cubren el monto, se avanzará sobre otros identificados o emergentes en ejecución.
El tribunal fundamentó la medida en beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner, derivados de asignación irregular de contratos. Cita la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, obligando a recuperar activos ilícitos. El decomiso recae sobre “instrumentos, efectos o provecho del delito”, incluso en manos de terceros no condenados (salvo buena fe), y bienes transformados o sustituidos con vínculo temporal al hecho.
Las defensas cuestionaron validez probatoria y bienes pre-2009, pero el TOF rechazó: “La sentencia firme acreditó la maniobra”. Los bienes se inscribirán en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados, y la Corte Suprema definirá su destino final.
Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron más de 140 activos adquiridos en el período, priorizando ejecución. La medida busca reparar daño a la administración pública y disuadir corrupción.
En síntesis, el decomiso récord en Causa Vialidad avanza ejecución patrimonial, afectando directamente a la familia Kirchner y Báez, y marca hito en recuperación de fondos desviados.
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