Gobierno desestima pedido de Burford Capital y evita citación de Luis Caputo ante jueza Loretta Preska por expropiación de YPF

La República Argentina presentó una respuesta formal ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, rechazando el requerimiento de los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF para que el país entregue una declaración jurada detallando la ubicación, la cantidad y el uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La solicitud había sido impulsada por los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, en el marco del proceso de ejecución de la sentencia que condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$ 16.100 millones (más intereses acumulados) por la nacionalización de la petrolera en 2012. Los demandantes argumentaron que existe una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno para evitar el cumplimiento de la condena dictada en primera instancia en septiembre de 2023.
En su presentación, el Estado argentino sostuvo que las reservas de oro son propiedad exclusiva del BCRA, una entidad autárquica e independiente, por lo que el Tesoro Nacional no posee acceso directo a esa información detallada. No obstante, el Gobierno aclaró que realizará un pedido formal al Banco Central para recabar los datos solicitados, manteniendo así una postura de colaboración institucional sin comprometer la autonomía de la entidad monetaria.
Además, la Argentina se opuso firmemente a la citación del ministro de Economía, Luis Caputo, como testigo en el caso. Los demandantes habían pedido que, en caso de que la información correspondiera al BCRA y no al Tesoro, la jueza convocara a una audiencia probatoria e incluyera al funcionario como declarante. El rechazo se fundamenta en que no corresponde su intervención en este etapa del proceso.
Desde la Procuración del Tesoro explicaron que el pedido “no tiene fundamento alguno”, ya que las reservas de oro están bajo la administración exclusiva del BCRA y gozan de inmunidad frente a ejecuciones en Estados Unidos. En ese sentido, destacaron que el Banco Central nunca formó parte del proceso de discovery ni tiene vinculación directa con la demanda. Fuentes allegadas al juicio calificaron la iniciativa como un “acoso procesal” por parte de Burford Capital, que adquirió los derechos del litigio por apenas US$ 16 millones y ahora busca ejecutar un monto millonario, lo que representa una rentabilidad extraordinaria a costa de los recursos argentinos.

El reclamo forma parte de las acciones para identificar activos embargables que garanticen el cobro de la sentencia. Los demandantes alegan incumplimientos previos en el discovery, como la designación de un testigo “deliberadamente no preparado”, lo que equivaldría a una falta de comparecencia. Con ese argumento, reclamaron sanciones, incluyendo la declaración jurada sobre el oro, una audiencia con funcionarios relevantes y el pago de honorarios por conducta obstructiva.
Expertos en la materia, como el especialista Sebastián Maril (CEO de Latam Advisor), quien dio a conocer la presentación, y Sebastián Soler, indicaron que no se descarta que la jueza Preska convoque a las partes a una audiencia para escuchar argumentos antes de resolver. Cabe recordar que este pedido sobre las reservas de oro ya había sido formulado a mediados de 2025, y se reactivó tras denuncias de supuestas maniobras dilatorias.
La controversia se enmarca en un proceso complejo, donde la Argentina apeló el fallo principal y aguarda resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Mientras tanto, el discovery continúa siendo un frente de tensión, con el objetivo de los demandantes de probar que entidades como el BCRA actúan como “alter ego” del Estado para facilitar embargos.
La respuesta argentina busca preservar la soberanía sobre sus activos mientras evita confrontaciones directas que podrían derivar en sanciones. El próximo paso queda en manos de la jueza Loretta Preska, quien deberá evaluar si hace lugar al planteo o rechaza las pretensiones de los beneficiarios.
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