La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de la jueza Loretta Preska que obligaba al país a pagar más de 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012
En un fallo histórico, la Justicia de Estados Unidos anuló la condena contra la República Argentina y YPF en el emblemático caso derivado de la expropiación de la petrolera estatal en 2012. La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó totalmente la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a pagar más de 16 mil millones de dólares (alcanzando cerca de 18 mil millones con intereses).
El tribunal determinó que las reclamaciones de los accionistas demandantes por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato no son admisibles conforme al derecho argentino, y que el resto de las pretensiones carecen de fundamento. De esta manera, confirmó la desestimación de los reclamos contra el Estado nacional y la empresa YPF, devolviendo el caso para procedimientos ulteriores.
Este litigio, que se extendió por más de una década, era considerado el más grande enfrentado por Argentina en tribunales extranjeros y una de las demandas más elevadas en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano. Los demandantes, entre los que se destacaba el fondo Burford Capital (que había adquirido derechos litigiosos por una suma baja y buscaba un resarcimiento millonario), veían ahora cómo su estrategia judicial sufría un revés significativo.
El presidente Javier Milei celebró la noticia en sus redes sociales, calificándola como “el mejor escenario posible” y un resultado histórico. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el trabajo del equipo legal de la Procuración del Tesoro y señaló que se rechazaron múltiples intentos de llegar a un acuerdo extrajudicial.
La defensa argentina estuvo a cargo de la Procuración del Tesoro, actualmente liderada por Sebastián Amerio, junto con el subprocurador Juan Stampalija. El fallo representa un alivio importante para las finanzas públicas y es visto por el Gobierno como uno de los mayores logros jurídicos de la historia reciente del país.
Aunque es probable que los demandantes apelen la decisión, la anulación de la condena de primera instancia marca un punto de inflexión favorable para Argentina en este prolongado conflicto judicial.
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