Coalición Cívica amplía la causa judicial por presunto lavado de activos y administración fraudulenta.
Apuntan a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y una estructura financiera internacional entre 2021 y 2025.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de las acusaciones más graves de su historia reciente. La Coalición Cívica, a través de los legisladores Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, presentó una ampliación de denuncia en la causa N.° 5277/2025 ante el juez federal Marcelo Aguinsky. El escrito detalla una supuesta maniobra para desviar más de US$300 millones de ingresos de la entidad entre 2021 y 2025 mediante una red de empresas offshore, cuentas en paraísos fiscales y comisiones exorbitantes.
Según la presentación a la que accedió este medio, la AFA habría utilizado al menos seis intermediarios financieros en el exterior bajo el pretexto de sortear el cepo cambiario. Estas firmas cobraban comisiones de hasta el 30 % sobre los montos manejados, que provenían de patrocinadores internacionales, derechos de transmisión, publicidad, partidos amistosos y otras fuentes legítimas.
Los fondos se habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino y ocultado en jurisdicciones de baja o nula tributación como Guernsey, Delaware y Florida.
La denuncia señala como presuntos organizadores del esquema al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, al tesorero Pablo Ariel Toviggino y a otros altos dirigentes: Leandro Petersen (ex jefe del Área Comercial y Marketing), Juan Pablo Beacon (ex director ejecutivo) y varios operadores financieros. Se los acusa de haber estructurado el circuito, interactuando directamente con las empresas intermediarias mientras mantenían a los sponsors sin contacto con ellas.
Un eje central de la investigación apunta al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni y su sociedad TourProdEnter LLC, administrada por su esposa Erica Gillette. De acuerdo con el escrito, esta empresa habría concentrado ingresos por US$260,5 millones entre 2022 y 2025, pero solo un 5,4 % habría llegado efectivamente a las cuentas de la AFA. Se menciona específicamente el traslado de al menos US$42 millones hacia sociedades sin actividad real en Florida (Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC), controladas nominalmente por personas de escasos recursos residentes en Bariloche, algunas beneficiarias de viviendas sociales o con quiebras personales.
Otras sociedades bajo sospecha incluyen Odeoma Gestión SL (España), Stratega Consulting USA LLC, Stratega UK Ltd., Q22 Services Limited, Global FC LLC y Dicetel Corp. (o Decitel). Entre los pagos sin sustento comercial real se destacan más de US$4 millones girados a Dicetel Corp. por supuestos “cursos de filosofía de gestión” y transferencias vinculadas a negocios ecuestres relacionados con la familia de Toviggino.
La denuncia también revela que, apenas 48 horas después de que los primeros detalles trascendieran en los medios, tres de estas sociedades estadounidenses fueron disueltas de manera apresurada.
Los denunciantes solicitaron al juez Aguinsky medidas de prueba urgentes: copia del libro de visitas de la AFA desde 2020, manifiestos de vuelo de aeronaves privadas (Learjet 60 y Gulfstream G400) utilizadas por los involucrados, escrituras públicas de constitución de las sociedades mencionadas y requerimientos de información a entidades financieras internacionales.
Las figuras delictivas imputadas son lavado de activos y administración fraudulenta agravada. Desde la AFA rechazaron categóricamente las acusaciones, calificándolas como una “campaña de desprestigio político” sin fundamento. El caso se suma a otras investigaciones judiciales que involucran a la cúpula dirigencial por presuntas irregularidades en la gestión de fondos y contratos.
El avance de esta causa podría tener repercusiones no solo en el fútbol argentino, sino también en la imagen internacional de la institución y en las negociaciones con sponsors globales.
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