Resolución impone sanciones económicas y judiciales por incumplimiento antes del recambio del 10 de diciembre
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dictó una resolución que obliga a todos los legisladores que finalicen su mandato o cesen en funciones a restituir integralmente los espacios físicos, oficinas, despachos y dependencias asignados, junto con el mobiliario y equipamiento electrónico e informático correspondiente.
La medida, formalizada el 14 de noviembre de 2025 y busca erradicar la práctica de «herencia» y negociación individual de espacios, asegurando una reasignación racional con el recambio parlamentario del 10 de diciembre.
La disposición se fundamenta en el artículo 1° de la Constitución Nacional, la Ley 24.156 de Administración Financiera y la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, que imponen a los funcionarios la conservación y devolución de bienes estatales. El Sistema de Registro Patrimonial de Bienes de Uso de la Cámara, aprobado en 2019, ya establecía la responsabilidad individual de custodia. La resolución enfatiza que el incumplimiento afecta la transparencia y administración de recursos públicos, por lo que establece procedimientos claros y sanciones disuasorias.
El plazo para la devolución es estricto: hasta el 9 de diciembre para mandatarios salientes, y 48 horas desde notificación para ceses anticipados. Las autoridades de bloques políticos deben cumplir en la misma fecha, permitiendo la reorganización edilicia por criterios de eficiencia y funcionalidad. Los espacios y bienes constituyen patrimonio común, cuya distribución debe priorizar operatividad institucional.
En caso de incumplimiento, se aplicará sanción económica: descuento de la última dieta (sueldo mensual) hasta cubrir el valor de los bienes no restituidos, según valuación reglamentaria. Si el monto excede la liquidación final y no se abona la diferencia, el Servicio Jurídico Permanente iniciará acciones judiciales para recuperar los bienes o su equivalente. La Dirección General de Recursos Humanos ejecutará retenciones, coordinando con el Departamento de Patrimonio.
La norma deroga disposiciones previas contradictorias y condiciona el pago de la última dieta a la devolución efectiva. Esta iniciativa fortalece mecanismos de control y rendición de cuentas, alineados con principios republicanos y éticos en la función pública. Fuentes legislativas anticipan debates, ya que podría tensionar negociaciones tradicionales entre bloques.
En el contexto del recambio, la resolución asegura equidad en la distribución de oficinas, evitando privilegios heredados. Menem subrayó en su despacho que «la transparencia en el uso de bienes públicos es innegociable para una Cámara moderna».
En síntesis, la disposición de Menem pone fin a la «herencia» de despachos, imponiendo devolución obligatoria con sanciones para preservar el patrimonio legislativo y promover eficiencia institucional.
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