PREOCUPACIÓN AMBIENTAL POR LA FAUNA AUTÓCTONA
Las recientes autorizaciones para cazar fauna autóctona en varias provincias argentinas han generado preocupación entre organizaciones ambientalistas, que advierten sobre la falta de información y control en las normativas que regulan estas actividades. Las entidades especializadas denuncian una “deuda histórica” en la protección de las especies nativas y exigen políticas basadas en evidencia científica para garantizar su conservación.
Polémicas autorizaciones de caza
Diversas provincias han habilitado la caza de especies autóctonas, e incluso la comercialización de productos derivados, generando críticas de sectores ambientalistas. En Río Negro, por ejemplo, se permitió cazar y comercializar fauna autóctona, mientras que en Entre Ríos se autorizó, desde el 24 de junio hasta el 29 de septiembre, la caza libre de hasta 150.000 coipos, una especie clasificada como Especie de Vertebrado de Valor Especial (Evve).
El coipo, presente en 12 áreas protegidas del país, incluyendo los Parques Nacionales Pre-Delta y El Palmar en Entre Ríos, así como la Reserva Natural Formosa, es considerado de alta importancia para la conservación. Esta categoría, establecida en 1991 por la Administración de Parques Nacionales, evalúa a las especies según nueve criterios de relevancia ecológica.
En Santa Cruz, disposiciones previas que permitían cazar pumas y guanacos fueron revertidas en abril de 2025 tras reclamos de organizaciones ambientalistas, que destacaron la importancia de estas especies nativas. Los especialistas respaldan la caza para controlar especies exóticas o invasoras, pero cuestionan la autorización para fauna autóctona, considerada irremplazable.
Falta de información y control
La organización Aves Argentinas emitió una posición institucional inédita sobre la caza, según explicó su director de coordinación institucional, Francisco González Táboas. “Nunca habíamos tomado una postura sobre la caza”, indicó, subrayando que esta declaración responde a la necesidad de abordar la falta de información sobre el estado de las especies.
Aves Argentinas se opone a cualquier práctica de caza que amenace a las especies o sus hábitats, invocando el principio precautorio de la Ley General del Ambiente. Este principio establece que, ante el riesgo de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no debe postergar medidas de protección. González Táboas señaló: “No hay datos ni investigaciones suficientes, por lo que no deberíamos seguir autorizando cazas”.
Además, destacó la necesidad de estudios regionales más allá de las normativas provinciales, que suelen ser heterogéneas. Por ejemplo, el pato crestudo, común en el Gran Chaco, enfrenta una disminución poblacional debido a la caza para subsistencia y su popularidad entre cazadores. Otras especies, como el cardenal amarillo, están gravemente amenazadas, lo que llevó a Aves Argentinas a exigir una revisión urgente de los permisos otorgados a empresas de turismo cinegético y mayor control sobre operadores no habilitados.
Turismo y conservación
Aves Argentinas criticó la promoción del turismo cinegético en provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, donde se enfoca en especies nativas como patos, perdices y palomas. En el pasado, la caza de cauquenes fue prohibida tras reconocerse su estado de amenaza. La organización propone fomentar el turismo de naturaleza como alternativa para generar ingresos sin dañar el patrimonio natural.
La “deuda histórica” en la protección de la fauna
La Fundación Vida Silvestre señaló que existe una “deuda histórica” en el cumplimiento de normativas para proteger la fauna nativa. Su director de Conservación, Sebastián Fermani, destacó que actividades como la caza y las productivas ejercen presión sobre las especies. También identificó prácticas preocupantes, como el uso de perros para la caza ilegal de ñandúes y venados de las pampas.
Fermani calificó la pérdida de biodiversidad como parte de la “triple crisis planetaria” junto al cambio climático y la contaminación, enfatizando la necesidad de políticas públicas basadas en ciencia para priorizar la conservación y el equilibrio ecológico. “Rechazamos la caza y el comercio de fauna silvestre sin un marco regulatorio respaldado por evidencia científica”, concluyó.
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