La Justicia dictó una nueva medida cautelar que frena parcialmente la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, generando un fuerte revés para la agenda de desregulación laboral
El Gobierno nacional recibió un nuevo freno judicial a su reforma laboral. Un juzgado federal suspendió la aplicación de más de 70 artículos clave de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en respuesta a un amparo presentado por sectores sindicales que cuestionan la constitucionalidad de varias modificaciones.
La medida cautelar afecta disposiciones centrales de la norma, entre ellas aquellas referidas a la vigencia y ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, los aportes sindicales, el período de prueba extendido, las modificaciones en las indemnizaciones por despido y otros cambios orientados a flexibilizar el mercado laboral.
Según los fundamentos del fallo, los artículos suspendidos podrían vulnerar derechos constitucionales de los trabajadores, particularmente el principio de progresividad en materia laboral y la protección establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La Justicia consideró que existe peligro en la demora y que la aplicación inmediata de estas normas podría generar perjuicios irreparables para los empleados.
Este revés se suma a otros fallos anteriores que ya habían frenado partes de la reforma laboral incluida originalmente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y luego convertida en ley por el Congreso. Los sindicatos celebraron la decisión, al considerar que preserva conquistas históricas y evita una desregulación excesiva que podría precarizar las condiciones de trabajo.
Desde el Gobierno, fuentes oficiales manifestaron su desacuerdo con el fallo y anunciaron que apelarán la medida. Consideran que la reforma laboral es fundamental para reducir la litigiosidad, fomentar la creación de empleo formal y modernizar las relaciones laborales en un contexto de alta inflación y bajo crecimiento económico de los últimos años.
La suspensión temporal de estos artículos genera incertidumbre en el sector empresario, que esperaba mayor flexibilidad para contratar y una reducción de costos laborales. Por el contrario, las organizaciones sindicales ven en este fallo un freno necesario ante lo que consideran un avance sobre derechos adquiridos.
El caso continuará su trámite en instancias superiores, posiblemente llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, la aplicación de la reforma laboral queda limitada en varios aspectos clave, lo que obliga al Ejecutivo a evaluar nuevas estrategias legislativas o judiciales para avanzar con su agenda de desregulación.
Este nuevo obstáculo judicial se produce en un momento en que el Gobierno busca consolidar sus reformas estructurales en materia económica y laboral, enfrentando resistencias tanto en el Congreso como en los tribunales.
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