Tras rechazar la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, el Ejecutivo avanzará con una iniciativa propia mediante decreto; busca equilibrar el reclamo universitario con el control fiscal.
El Poder Ejecutivo nacional decidió incorporar al temario de las sesiones extraordinarias un proyecto de ley que proponga un nuevo esquema de financiamiento universitario, luego de rechazar la aplicación de la norma sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial. La medida se formalizará mediante la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, que también extenderá el período de sesiones extraordinarias por un día adicional, de modo que se prolonguen hasta el sábado 28 de febrero inclusive.
La decisión llega en medio de un prolongado intercambio entre el Gobierno y el sistema universitario. En las últimas semanas se realizaron reuniones técnicas y políticas entre funcionarios nacionales y rectores de universidades públicas con el objetivo de encontrar una salida negociada, luego de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que obliga a aplicar la ley vigente. A pesar de esos contactos, el Gobierno optó por avanzar con una propuesta propia que, según fuentes oficiales, sea “viable” desde el punto de vista fiscal y jurídico, manteniendo el equilibrio fiscal como eje central de la política económica.
Mientras tanto, el Ejecutivo continúa impulsando otras iniciativas legislativas prioritarias: esta semana obtuvo la aprobación en el Senado de la reforma laboral y en la Cámara de Diputados del Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.
La inclusión del nuevo proyecto de financiamiento universitario busca reducir la tensión con el sector educativo superior y encuadrar cualquier modificación dentro de las restricciones fiscales que el Gobierno considera imprescindibles. Inicialmente, el Ejecutivo había rechazado aplicar la ley aprobada por el Congreso, intentó su derogación sin éxito y mantuvo negociaciones para articular una alternativa.
El decreto que se publicará en breve formalizará tanto la ampliación del temario como la extensión del plazo de sesiones, permitiendo que el Congreso trate la iniciativa antes del cierre del período extraordinario.
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