A través del Decreto 138/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial,
se formalizó el nuevo Régimen Penal Juvenil;
la norma establece penas graduadas, prioriza medidas socioeducativas y limita la prisión a delitos graves como último recurso
El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley N° 27.801, que instituye el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma fue sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero y formalizada mediante el Decreto 138/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, y publicado en el Boletín Oficial.
La legislación crea un sistema de penas graduadas según la edad del menor y las circunstancias del delito. La pena máxima será de 15 años y se aplicará únicamente en casos de crímenes graves como homicidios, abusos sexuales o secuestros. La privación de la libertad para adolescentes desde los 14 años se establece como último recurso, priorizando medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social. Para los condenados que no alcancen los 18 años se prevé la creación de institutos especializados.
La sanción del proyecto en el Senado obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras negociaciones entre el oficialismo y bloques dialoguistas como el PRO y la UCR. Originalmente, el Gobierno impulsaba bajar el umbral a 13 años, pero aceptó elevarlo a 14 para garantizar su aprobación.
Con esta reforma, Argentina se suma a países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana, donde la edad de imputabilidad es de 14 años. En otros como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá el piso es de 12 años. En todos los casos, la respuesta penal juvenil enfatiza medidas restaurativas y reinserción más que punición.
La promulgación cierra un debate de larga data sobre la responsabilidad penal de adolescentes en delitos graves y busca equilibrar la protección de derechos con la seguridad pública, en un contexto de incremento de hechos delictivos vinculados a menores.
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