Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la República Islámica, deberá abandonar el país en un plazo de 48 horas tras la fuerte tensión generada por la declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista
El Gobierno nacional decidió expulsar de la Argentina al máximo representante diplomático de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, y declararlo persona no grata. La medida fue comunicada este jueves por el canciller Pablo Quirno y obliga al diplomático a abandonar el territorio nacional en un plazo máximo de 48 horas.
Soltani Tehrani se desempeñaba como encargado de negocios ad interim de la República Islámica de Irán en Buenos Aires. Había asumido ese rol tras la aceptación de sus credenciales en diciembre de 2021, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Su expulsión representa un endurecimiento significativo de la política exterior argentina hacia el régimen iraní.
La decisión se tomó invocando el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Según fuentes oficiales, la medida responde directamente a la dura condena emitida por Irán tras la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Esta inclusión implica el congelamiento inmediato de bienes, dinero y activos de la organización en el país, además de la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la obligación de reportar cualquier actividad vinculada a la Unidad de Información Financiera (UIF).
El Gobierno argentino fundamentó la medida en “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia” que determinaron la participación directa del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria en los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Se mencionó especialmente al exministro iraní Ahmad Vahidi, acusado por la Justicia argentina del atentado a la mutual judía y recientemente designado comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria.
Desde Teherán, la reacción fue inmediata y hostil. A través de su embajada en Uruguay, Irán condenó la decisión argentina como “ilegal” y “bajo influencia del régimen sionista y Estados Unidos”. El régimen advirtió que la medida “perjudica seriamente las relaciones bilaterales” y genera “responsabilidad internacional” para el Gobierno de Javier Milei.
La Cancillería argentina, por su parte, sostuvo que la declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista es una decisión soberana basada en evidencias concretas y en el compromiso del país con la lucha contra el terrorismo internacional.
Este episodio ocurre en un contexto de alta tensión en Medio Oriente y marca un punto de inflexión en las ya deterioradas relaciones entre Argentina e Irán.
La expulsión del principal diplomático iraní deja prácticamente sin representación oficial a la República Islámica en Buenos Aires y refuerza la postura firme del Gobierno de Javier Milei respecto de la causa AMIA y la defensa de los intereses nacionales.
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