La Coalición Cívica apunta a testaferros de Claudio Tapia y alerta sobre conflicto de intereses judicial con los fondos que no llegarían a clubes desfinanciados
La Coalición Cívica (CC) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones sobre Corrupción, Delitos y Delitos contra la Administración Pública (PROCELAC) por presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), involucrando a supuestos testaferros de la dirigencia, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia. La acusación, impulsada por la exdiputada Elisa Carrió, el dirigente de Pilar Matías Yofe y el legislador porteño Facundo del Gaiso, se centra en la empresa Real Central Sociedad de Responsabilidad Limitada, titular de una lujosa mansión de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, Pilar, con helipuerto no registrado, y un patrimonio incompatible con los ingresos declarados de sus dueños.
En entrevista con Radio Rivadavia Yofe denunció la inacción judicial: “Es el sistema judicial totalmente a merced de esta gente”. La causa, radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Económico, sufrió sucesivas declaraciones de incompetencia sin medidas preliminares para preservar evidencia, como el secuestro de bienes en la propiedad. “Se iban pasando peleándose por cuestiones de competencia entre colegas y no marcaban ninguna medida para cuidar lo que había en el interior de la quinta”, criticó el dirigente.
El foco está en Luciano Nicolás Pantano, monotributista categoría G (con facturación anual limitada a 40 millones de pesos) y exprotesorero de Almirante Brown, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada que recibió subsidios durante la pandemia. Ambos figuran como socios mayoritarios de Real Central, que adquirió la mansión por un monto estimado en varios millones de dólares, sin justificación de origen. La firma registró más de 120 vehículos de lujo, incluyendo una Ferrari, varios Porsche, BMW y autos de colección, además de una segunda propiedad en el barrio Aires del Pilar. Pantano, vinculado al fútbol mediante Lucas Labbad (exgerente de Boca Juniors en la era Angelici), habría ingresado al entorno de Tapia, según la denuncia.
Yofe lamentó el impacto en el fútbol barrial: “De confirmarse esto, tristemente es la plata que no estaría llegando a los clubes”. Mientras la AFA acumula fondos de derechos televisivos y sponsors, los clubes de barrio enfrentan quiebras y deterioro de infraestructura. “Vemos todos los clubes totalmente desfinanciados, venidos a menos”, enfatizó.
El mayor escándalo radica en el conflicto de intereses: jueces y fiscales del Tribunal de Disciplina de la AFA podrían investigar a la cúpula directiva, incluyendo a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. “Es impresionante. Ese es el delirio”, sentenció Yofe, aludiendo a causas iniciadas con Carrió y del Gaiso. La CC exige a la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que activen “alertas rojas” por la opacidad en adquisiciones, contrastando con los controles estrictos para contribuyentes comunes.
Esta denuncia se suma a versiones públicas, como un tuit de Carlos Tévez contra Toviggino, y refuerza la necesidad de transparencia en la AFA. Los denunciantes solicitan la trazabilidad de fondos, la verdadera titularidad de bienes y la posible estructura societaria para ocultar beneficiarios finales, bajo el artículo 303 del Código Penal. El caso expone grietas en el control estatal y judicial, demandando una investigación independiente para salvaguardar recursos destinados al deporte comunitario.
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