La vicepresidenta encargada confirmó el envío del proyecto a la Asamblea Nacional tras diálogo con Trump y Rubio; crece la expectativa por la liberación de los argentinos Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Roberto Baldo detenidos por el régimen chavista
Delcy Rodríguez, en su carácter de presidenta encargada de Venezuela, anunció este viernes el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general destinado a beneficiar a todos los presos políticos del país, desde 1999 hasta la fecha. El anuncio se realizó durante el acto de apertura del año judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se produce en un contexto de acelerados cambios políticos tras la detención de Nicolás Maduro en Nueva York el pasado 3 de enero.
La iniciativa incluye el cierre definitivo del complejo El Helicoide, histórico centro de detención y sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que será reconvertido en un espacio de uso cultural, comercial y deportivo. Rodríguez destacó que la medida busca “favorecer la convivencia” y evitar “la violencia o la venganza”, promoviendo un proceso de pacificación nacional después de años de persecución política y graves violaciones a los derechos humanos.
“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela. Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, expresó Rodríguez en su discurso. La vicepresidenta encargada aclaró que la decisión fue conversada previamente con Maduro —actualmente detenido en Estados Unidos— y que forma parte de un acuerdo más amplio alcanzado en las últimas conversaciones mantenidas con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el designado secretario de Estado, Marco Rubio.
Horas después del anuncio, la embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó la liberación de todos los ciudadanos norteamericanos que permanecían detenidos en Venezuela, lo que refuerza la percepción de que el proyecto de amnistía responde a negociaciones de alto nivel con la nueva administración estadounidense.
Rodríguez anticipó que la ley podría ser aprobada en la primera semana de febrero y beneficiaría inicialmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos desde el inicio del proceso chavista en 1999. El anuncio se inscribe en una secuencia de gestos de distensión: cinco días después de la captura de Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (hermano de Delcy), ya había anunciado la liberación progresiva de presos políticos. Según organizaciones no gubernamentales venezolanas, hasta el momento han sido excarceladas 302 personas de un total estimado en casi 900 presos políticos, incluyendo varios extranjeros.
En el caso argentino, la expectativa crece por la posible liberación de tres compatriotas detenidos por el régimen: el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, el abogado Germán Giuliani y el empresario gastronómico con doble nacionalidad Roberto Baldo. Desde hace meses, el Gobierno argentino —a través de la Cancillería y gestiones en foros internacionales— reclama insistentemente su excarcelación, sin resultados concretos hasta ahora. Fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron que el anuncio de la amnistía general genera “cautela optimista” y que se espera que los tres argentinos figuren entre los beneficiarios si el proyecto avanza sin modificaciones sustanciales.
El cierre de El Helicoide representa un símbolo potente: durante más de una década, el edificio fue escenario de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos denunciados por organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Su reconversión en un espacio multifuncional busca marcar un quiebre con el pasado represivo.
La oposición venezolana y las organizaciones de derechos humanos observan con atención el desarrollo del proyecto legislativo. Si bien celebran el anuncio como un paso hacia la reconciliación, exigen garantías de que la amnistía sea amplia, irrestricta y sin excepciones que permitan la continuidad de la persecución selectiva. El proceso legislativo en la Asamblea Nacional — de mayoría oficialista hasta hace poco — será clave para determinar el alcance real de la medida y su impacto en la estabilización política del país.
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