El Gobierno acelera el tratamiento del Régimen Penal Juvenil: análisis en comisión el miércoles y debate en el recinto el jueves, con mecanismo de compensación de fondos entre Nación y provincias
El proyecto de reforma penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que ya había obtenido dictamen favorable en 2025, fue modificada por el Poder Ejecutivo para incluir un mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias, clave para asegurar el financiamiento y superar las resistencias que habían trabado su avance en ocasiones anteriores.
El tratamiento será exprés: el miércoles pasará por comisión y el jueves se discutirá y votará en el recinto, en el marco de las sesiones extraordinarias. Desde el Gobierno nacional subrayan que el principal objetivo es terminar con la “puerta giratoria” en la delincuencia juvenil: la reiteración constante de delitos por parte de adolescentes que, según la Ley 22.278 vigente, no reciben consecuencias penales efectivas antes de los 16 años.
La edad de imputabilidad actual en Argentina es de 16 años. El proyecto busca reducirla a 13 años e instituir un régimen penal juvenil específico, diferenciado del de adultos, con prioridad en medidas socioeducativas, penas alternativas, educación, reinserción social y reparación a las víctimas.
Los aspectos más relevantes de la propuesta incluyen:
- Prohibición de la reclusión perpetua para menores de edad.
- Límite máximo de 20 años de condena en los casos más graves cometidos por adolescentes.
- Para adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves (homicidio, robo agravado por violencia, abuso sexual, secuestro, entre otros), se aplicarán penas similares a las de adultos, con tope de 15 años y la prohibición expresa de alojarlos en cárceles comunes con mayores.
- En delitos de menor entidad —penas inferiores a 3 años o hasta 10 años sin violencia grave—, se privilegiarán alternativas no privativas: libertad asistida, tareas comunitarias, programas educativos, acompañamiento familiar y reparación del daño causado.
El Ejecutivo defiende que la reforma equilibra la protección de los derechos de los adolescentes con la seguridad pública y los derechos de las víctimas, rompiendo el ciclo de impunidad que alimenta la reincidencia. Aunque conserva un enfoque resocializador, incorpora mecanismos más contundentes para casos de reiteración.
El debate parlamentario se prevé intenso. Diversos bloques opositores ya adelantaron que preferirían fijar la edad de imputabilidad en 14 años en lugar de 13 y es probable que propongan cambios durante el paso por comisiones. De aprobarse sin modificaciones sustantivas, esta reforma del Régimen Penal Juvenil constituiría uno de los cambios más profundos en décadas al sistema de justicia para adolescentes en Argentina.
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