La iniciativa libertaria obliga a las casas de altos estudios a publicar en forma permanente y accesible datos presupuestarios, salariales, de contrataciones y resultados académicos; busca garantizar rendición de cuentas y control ciudadano sobre fondos públicos
La diputada nacional Mercedes Llano, del Partido Demócrata de Mendoza, presentó un proyecto de ley que modifica la Ley de Educación Superior con el objetivo de incorporar principios de transparencia activa, acceso a la información pública y rendición de cuentas en el funcionamiento de las universidades nacionales.
La propuesta apunta a obligar a las instituciones a publicar de manera permanente, completa y accesible toda la información institucional, académica, presupuestaria y administrativa. “Este proyecto busca robustecer la autonomía y autarquía universitaria consolidando los principios de rendición de cuentas propios de este tipo de diseño institucional y acordes a las bases republicanas de publicidad de los actos de gobierno”, explicó la legisladora mendocina.
Para Llano, “sin mecanismos de responsabilización y transparencia, la autonomía degenera en opacidad”. La iniciativa procura asegurar el control ciudadano sobre la gestión de fondos públicos, el desempeño de las universidades y la calidad de la oferta educativa, considerando que la educación superior es un servicio estratégico de interés público sostenido mayoritariamente con recursos estatales.
Entre las obligaciones que impone el proyecto se encuentran:
- informar la estructura organizativa y las autoridades que la administran,
- publicar nóminas salariales de autoridades superiores, docentes y personal no docente, junto con la modalidad de ingreso;
- detallar convocatorias de contratación de personal y declaraciones juradas patrimoniales de las autoridades.
Además, las universidades deberán facilitar información económica, financiera y de compras; publicar el presupuesto vigente y detallar cada transferencia de fondos, listado de contrataciones, licitaciones y convenios.
También se exige acceso a auditorías internas y externas, resultados académicos (patentes, derechos de autor, publicaciones en revistas indexadas y posicionamiento en rankings internacionales), e información estadística: cantidad de estudiantes y egresados, relación docentes-alumnos, formación docente, gasto por alumno y proporción de ingreso por concurso, desglosada por facultades.
La legisladora subrayó que el ejercicio de la educación superior debe realizarse “en armonía con los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno, acceso a la información y control ciudadano”. El proyecto busca equilibrar la autonomía universitaria con la obligación de rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos, en un contexto donde la financiación estatal representa la principal fuente de ingresos de las casas de estudio nacionales.
La iniciativa llega en un momento de debate sobre el financiamiento universitario y la eficiencia en la gestión de fondos públicos, y apunta a fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de educación superior mediante mayor apertura y mecanismos de control.
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