Juez de San Francisco ordenó a un banco a indemnizar a jubilado víctima de ciberestafa

Otra vez, la Justicia de San Francisco falló a favor del cliente de un banco al que le sacaron un crédito a su nombre por $400.000 y lo obligó a devolverle la plata. 

El pasado viernes, el juez de segunda instancia en lo Civil y Comercial Pedro Chialvo condenó al Banco Macro a restituirle el dinero a un jubilado de la localidad de Freyre quien fue víctima de una estafa virtual.

La resolución aún no está firme ya que la entidad bancaria ahora dispone de un plazo para apelar la medida ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil de San Francisco.

La medida recuerda a otro reciente fallo también en el ámbito de los Tribunales provinciales de San Francisco que obligó al banco BBVA Argentina SA a indemnizar económicamente al cliente Nicolás Urquía que fue víctima de estafa mediante la modalidad de ciberdelito, por no haber instrumentado los medios para proteger los datos del demandante. En esa oportunidad, el juez Carlos Viramonte resolvió además la nulidad o inexistencia del préstamo personal que se le adjudicaba y que, según la causa, negaba haber gestionado.

La estafa

La estafa cometida en contra de este hombre de 66 años se originó en el mes de enero de 2021, cuando él le facilitó los datos de su CBU a un familiar que necesitaba recibir una transferencia por la venta de una motocicleta. Días después, la víctima recibió vía WhastApp un audio y una captura de pantalla en donde figuraba la supuesta transferencia.

En su denuncia, el jubilado manifestó que recibió el llamado de una persona que se identificó como Matías quien le informó haber transferido $ 100.000 y que debía dirigirse al cajero donde él le indicaría los pasos a seguir para confirmar que había recibido el dinero.

Al verificar la cuenta bancaria, la víctima detectó que no había ingresado ningún monto de dinero, pese a ello continuaba recibiendo llamadas de esta persona que le insistía con que fuera al cajero para confirmar la transferencia. Finalmente, el hombre concurrió a la sucursal Freyre del Banco Macro, allí recibió una llamada proveniente de un número privado enla que indicaban las acciones a seguir y que lo envolvieron en el engaño.

Al día siguiente y al comprobar que no había ingresado ningún dinero en su cuenta, el hombre fue personalmente al banco en donde le informaron que desde su cuenta se había solicitado un préstamo el que ya había sido transferido a otras cuentas. Rápidamente, decidió radicar la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco y buscó el asesoramiento de los abogados Martín y Lucio Barrios.

Previamente, el juez había dictado una medida cautelar por medio de la cual se suspendió la cuota del préstamo.

Qué dijo el juez

«Se trata de un caso con algunos ribetes muy impropios, ya que esta persona otorgó a un tercero su clave bancaria y número de ticket. A través de esa estafa, desconocidos lograron obtener un préstamo del banco e inmediatamente transfirieron ese dinero a seis cuentas bancarias diferentes, eso originó la denuncia en la fiscalía y posteriormente el inicio del juicio en el fuero civil», explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO el juez Chialvo acerca de este fallo.

El damnificado había solicitado ante la Justicia la nulidad del préstamo, además «pidió la devolución del dinero reclamando una indemnización por daño moral y punitivo. En ese sentido resolví declarar que el préstamo era nulo, en función que consideré que la persona había proveído a un tercero la clave bancaria».

La responsabilidad del banco

Sobre la responsabilidad que le cabe al banco en este caso, Chialvo dijo que este «debió corroborar, verificar, al momento de otorgar uno de sus préstamos preaprobados la identidad de la persona que lo estaba solicitando, ya que el mismo no se gestionaba de manera personal sino virtual».

El juez asimismo se refirió a una pericia informática que determinó que si bien el banco no tenía problemas de vulnerabilidad de datos, «al momento de otorgar este préstamo no realizó ninguna acción en concreto para corroborar quién era el titular de la cuenta».

En tanto, aclaró que «no todos los casos son iguales. En este momento en mi juzgado hay otros casos tramitándose y todos tienen sus particularidades».

El hecho de que el damnificado sea un jubilado también se tuvo en cuenta. «El préstamos superaba ampliamente el haber jubilatorio y el monto que el banco descontaba en concepto de cuota equivalía a un 40 o 50 por ciento del monto de la jubilación de esta persona», señló el juez.

La pena 

«Decidí otorgar una indemnización en concepto de daño moral y un monto que si bien no es alto, en concepto de una sanción ejemplificadora, por daño punitivo», agregó.

El monto reclamado por la víctima fue de $ 100.000 en concepto de daño moral y por el daño punitivo, se reclamaron $ 90.000. Finalmente, el juez fijó la suma de $ 40.000 «porque -según Chialvo- si bien el banco no había verificado la identidad del solicitante del préstamo, sí había advertido a través de medios electrónicos y otros canales que no debían divulgarse las claves, en una acción tendiente a evitar estas estafas electrónicas» a través de la técnica de manipulación denominada phishing, que tiene por objeto engañar a la víctima para que entregue información personal sobre sus cuentas bancarias.

Tras considerar que el Macro adoptó ciertas medidas idóneas de ciberseguridad, el magistrado aclaró que «aquí lo que está en juego es que el banco no verificó concretamente la identidad de la persona antes de otorgarle un préstamo y luego esta persona ante reiterados reclamos de los que no obtenía respuesta, tuvo que acudir a la vía judicial».

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