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Causa cooperativa:«Nosotros vamos a estar expectantes de que este proceso continúe y se termine

Firmaron decreto de elevación a juicio de la causa cooperativa:

La semana pasada, se conoció que el Fiscal Bernardo Alberione firmó el decreto de elevación a juicio y notificación de tal situación a cada uno de los 19 imputados en lo que se conoce como «causa  cooperativa», que se inició en 2016  con  una  denuncia penal y que derivó en  la   imputación de ex consejeros, ex empleados y familiares de los mismos, por supuesta «Administración Fraudulenta y Asociación Ilícita». 

El Dr. José Dabbene,  uno de los asesores  legales  de  la  Cooperativa, quien  es  querellante en la misma, explicó en   conversación  con EL HERALDO, qué   significa  la elevación a juicio y cuáles  son  los  siguientes pasos en dicha causa.

«Ha  tenido un avance significativo al dictar el Fiscal Alberione, el decreto donde  existe un requerimiento de juicio oral a  la Cámara, es decir resolvió que la prueba recolectada en autos, es suficiente  para imputar a los partícipes de estos  hechos en esos dos delitos y que esa   prueba es valedera y es firme, es decir  hay un grado de probabilidad importante  de   que los sujetos imputados   hayan   cometido esos hechos sobre esos delitos…», expresó. 

Indicó que para el Fiscal se ha clausurado  la  prueba y entiende que es de relevancia  y  por  eso  solicita  a la Cámara   Criminal que se lleve a juicio oral a todos los imputados. Si bien es para los  19 imputados, los hechos son diversos  de acuerdo al grado de participación  que tuvieron en los mismos, algunos  son  autores, otros co-autores, partícipes  necesarios, partícipes secundarios. 

A partir  de   ahora, y posiblemente luego de la feria judicial, está en cada uno de los  imputados qué medida de defensa van   a  adoptar. Pueden oponerse   indicando que  no  están de acuerdo con el requerimiento a juicio argumentando   los   motivos, y resolvería entonces   la   Jueza de Control de Las Varillas. En   caso  de   que la Jueza respalde  la medida del Fiscal, los imputados   pueden presentar un recurso de apelación   ante la Cámara de Bell Ville para sostener   el desacuerdo. Si ésta ratifica   lo   decidido por   el Fiscal, tienen   aún   un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia. 

«Una   vez  terminados esos remedios jurídicos  procesales, la causa iría a la Cámara  de San Francisco, a la espera de que  se  aboque y ponga una fecha de juicio. Obviamente antes de eso, los imputados   pueden acogerse a lo que se   llama   juicio   abreviado, a la probation, nosotros esperamos firmemente que se haga   la audiencia oral, pública, donde se    puedan esgrimir cada una de las acusaciones    que el Fiscal y los querellantes   han  aportado, para con los imputados», subrayó Dabbene.

«Para   nosotros es importante, hacía meses que estábamos esperando este decreto   porque  es   avanzar   en el proceso  y   tener elementos para decir que   hay   pruebas suficientes para elevar a juicio  todos estos hechos….», agregó.  Para    el  abogado de la entidad, las pruebas   son suficientes para que los imputados   sean   condenados  por lo menos por administración fraudulenta.

Quedará ahora   en   manos de la Cámara   designar, en caso de que lo entienda, fijar   la fecha de un posible juicio. «Nosotros vamos a estar expectantes de  que  este proceso continúe y   se   termine, que concluya con un debate   oral, ojalá, apostamos a eso, y que  resuelva la justicia condenarlos, porque  hay   facturas   truchas, apócrifas, queremos  que den explicaciones sobre eso…..», puntualizó. 

Recordó  que   a   los  imputados cuando se le tomó indagatoria, se abstuvieron   de declarar, salvo en el caso de uno de   ellos que hace dos meses amplió la   indagatoria, señalando sobre su   imputación que él no había hecho los   trabajos que se imputan sino que eran   complementarios, porque los principales   los hizo la empresa Tecnored, que fueron  en el loteo Soldano, que era  un  tendido de fibra óptica. 

Por  último, aseguró que el Consejo de Administración sigue  con   buenos ojos lo ocurrido porque demuestra que no era   una  denuncia mediática, sino que   realmente había elementos  y pruebas de  que   se estaría cometiendo algún ilícito en   perjuicio de la Cooperativa. «Tiene    sustento fáctico y jurídico y cada paso   que está dando la justicia nos está  dando la razón. También con el juicio   de  Anit (Rafael), ya que la Cámara nos   hizo   lugar a citar como terceros obligados a  todo el Consejo del año 2015, que aprobó y suscribió por unanimidad  conforme a las  actas, aprobando ese  contrato que para nosotros es leonino, de pagarle una suma de    indemnización   millonaria, nunca vista, al Dr. Anit, es decir que se está cursando las cédulas   a  todos esos nombres del Consejo de  2015, para que comparezcan al juicio para que puedan observar   lo   que reclama  Anit y las defensas    que   la   Cooperativa interpone, para que   eventualmente la entidad si tuviese que pagar esa suma millonaria, pueda ejercer alguna acción civil de administración  negligente o repetición, una acción a cada patrimonio en particular, por haber firmado esto», se explayó. 

Cabe recordar que el Dr. Rafael Anit firmó con el Consejo de Administración de 2015 un contrato cuya rescisión obligaba a la Cooperativa a abonar   una suma cercana a  los 2 millones de pesos, lo cual desde entonces hasta la ahora se fue y va actualizando a razón de 30 mil pesos mensuales.




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